El experto en sistemas de información Giancarlo González Ascar recurrió al Tribunal de Apelaciones para insistir en su reclamo de que se le certifique como representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), una silla que ha estado vacante desde el 20 de marzo.

Tal como ocurrió en el trámite administrativo ante la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman), la representación legal de González Ascar recalcó que el conocimiento en informática del empresario y su experiencia manejando datos del sistema eléctrico, junto a la falta de precisión en el estatuto que regula la elección del representante de los abonados, tornan improcedente el rechazo a su aspiración por la presunta ausencia de “pericia en asuntos de energía”.

En el recurso de revisión administrativa, presentado el 3 de mayo, el licenciado Fernando Agrait esbozó la teoría de que todos los ámbitos que abordan la Ley 57-2014 y la Ley 17-2019 –que en conjunto disponen la política pública energética y sus mecanismos de fiscalización– son “asuntos de energía”, por lo que así debieron ser considerados por el Ombudsman al evaluar las credenciales de González Ascar.

“Erró el Ombudsman al definir ‘asuntos de energía’ de una forma absolutamente restrictiva, desconectada de la realidad moderna de los sistemas de información y telecomunicaciones integrales a los asuntos de energía”, señaló Agrait, en el recurso, como el primero de cuatro “errores” expuestos al Apelativo, ante el que argumentó, además, que temas como la “transparencia, acceso, participación y sistemas de información” son esenciales en la supervisión de las funciones de la AEE.

Según el alegato de González Ascar, el Ombudsman “carece de autoridad para aplicar y definir” el estándar de pericia en asuntos energéticos, al señalar que es el Negociado de Energía de Puerto Rico el organismo que, por mandato estatutario, cuenta con ese conocimiento.

“Si no hay un estándar claro para medir a los aspirantes a candidatos, no hay espacio para hablar de que estos tienen notificación adecuada de cómo el Estado medirá su interés. Ello es como acusar de un delito que no está tipificado adecuadamente. Es decir, no se cumple con el debido proceso de ley”, puntualiza el escrito.

González Ascar, quien se desempeñó como principal oficial de Informática del gobierno entre 2013 y 2015, fue la única persona que, de cara a la expiración del término de cinco años del ingeniero Tomás Torres Placa, sometió la documentación requerida para convertirse en representante de los clientes en el organismo rector de la corporación pública.

Entre febrero y marzo, el Ombudsman –oficina que dirige Edwin García Feliciano– denegó su aspiración, así como una solicitud de reconsideración, tras la cual González Ascar recurrió al Tribunal de Primera Instancia. En ese foro, las partes alcanzaron una estipulación, mediante la cual el Ombudsman informaría la negativa nuevamente a González Ascar, pero notificándole su derecho a procurar una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones.

El escrito del licenciado Agrait precisa que, el 12 de abril, se presentó una última solicitud de reconsideración que, al vencerse el término para resolverse –el 29 de abril–, no había recibido respuesta del Ombudsman.

“Al presente, tampoco se ha certificado ningún otro candidato debido a que –como indicamos– el compareciente es la única persona que solicitó ser certificado. Por todo lo anterior, sigue vacante el puesto del representante del interés del consumidor ante la Junta de Gobierno de la AEE en claro menosprecio del interés público y en perjuicio de los abonados de la corporación pública”, acentuó Agrait en su alegato.

González Ascar, luego de sus años como jefe de Informática gubernamental, se ha destacado en el sector de las bienes raíces, en el que desarrolló una aplicación digital que, entre otros datos, calcula los períodos en que determinados sectores geográficos permanecen sin servicio eléctrico.