El Departamento de Educación reprogramará casi $88 millones dentro de su presupuesto, a través de una serie de ajustes aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que, por un lado, liberarán recursos que ahora serán cubiertos bajo un programa del gobierno federal y, por otro, destinarán fondos para cubrir multas judiciales bajo el caso de Rosa Lydia Vélez, que atiende los incumplimientos con los servicios a estudiantes de Educación Especial.

El director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, detalló que gran parte de la reprogramación –cerca de $66.3 millones– corresponde a la entrada de fondos de los programas federales conocidos como Schoolwide, lo que abrirá la puerta a redirigir partidas entre distintas áreas del presupuesto operacional de Educación. En total, la reprogramación ascendió a $87,999,879.

Blanco explicó que Schoolwide –dirigido a atender necesidades en escuelas de comunidades empobrecidas– permite cubrir porciones de determinados costos mediante mecanismos de reembolso, lo que significa que Educación ya incurrió en los gastos a lo largo del año fiscal que comenzó en julio de 2023.

“Al recibir ese dinero del gobierno federal, se liberan los fondos que estaban asignados en el presupuesto estatal desde el primer día, y te permite hacer algún tipo de redistribución y atender algunos otros gastos igualmente importantes”, sintetizó.

Afirmó que la necesidad de reprogramar fondos en esta etapa responde, en parte, a la disparidad entre los calendarios del año fiscal estatal versus el federal, que se extiende del 1 de octubre al 30 de septiembre. Asimismo, se expresó confiado en que la regionalización de Educación –que al presente está en una fase piloto en tres áreas geográficas– facilite, en un futuro, el acceso a los fondos federales.

“El programa Schoolwide está atado directamente a la escuela. Estamos trabajando con Idear (Iniciativa de Descentralización de la Educación y Autonomía de las Regiones) en llevar más el presupuesto a las regiones y a las escuelas. Uno de los beneficios de administrar este programa es que, mientras vamos moviendo el Departamento de esta estructura centralizada a una que, eventualmente, tendrá estas regiones y asignaciones presupuestarias directas a las escuelas, hace aún más ágil la solicitud de complementación de fondos a través de este programa”, sostuvo Blanco.

En la carta en que la JSF dio paso a la reasignación, se precisa que los $66.3 millones estaban asignados originalmente a cubrir “nómina y costos relacionados”, que serían los gastos que se reembolsarían mediante Schoolwide.

“Parte de los fondos que se liberan de la línea de nómina y de otras (partidas), surge precisamente porque uno de los gastos que Schoolwide reembolsa es el gasto de nómina en las escuelas, no en el área administrativa central”, precisó Blanco.

Entre las partidas más grandes que resultan de la redistribución, figura una asignación de $20.2 millones para el pago de “deudas de períodos previos” que, según la OGP, contiene un desembolso de $10 millones a la Autoridad de Edificios Públicos, así como para cubrir obligaciones con LUMA Energy y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Una asignación separada, ascendente a $10.1 millones¸ está destinada al renglón de “otros servicios profesionales”, que Blanco precisó que se refiere al costo de adiestramientos a maestros.

El resto de la reasignación –poco más de $21 millones– implicó una redistribución dentro del programa de Educación Especial, incluyendo cerca de $10 millones para “terapias a estudiantes y servicios relacionados”, que el jefe de la OGP indicó que cubrirá algunas obligaciones de la dependencia bajo el caso de Rosa Lydia Vélez.

Aclaró que, como parte de los ajustes presupuestarios, no se utilizarán fondos Schoolwide para cubrir las multas del caso judicial ni del resto del programa de Educación Especial.

“Schoolwide, típicamente, no incluye gastos de Educación Especial, por ejemplo, sino que se paga estatal. Pero, cuando liberas fondos que están asignados a un área (como) materiales, equipo y desarrollo profesional, que Schoolwide sí te permite cubrir, entonces esos fondos que se liberan te permiten redirigirlos a programas en los que Schoolwide no te puede apoyar”, insistió.

Dentro de la redistribución presupuestaria bajo Educación Especial, se asignaron $6 millones adicionales para gastos de transporte, $4.8 millones para “deudas de períodos previos” y $8 millones para “otros gastos operacionales”, según la carta de la JSF.