Pese a que ya habían comenzado y debían extenderse hasta el 31 de mayo, el Departamento de Educación (DE) detuvo este jueves –hasta nuevo aviso– la administración de las pruebas estandarizadas de Cernimiento, Revisión y Evaluación Continua del Estudiante (CRECE), a partir de una revisión judicial que la empresa Learn Aid presentó ante el Tribunal de Apelaciones, que ordenó la paralización del proceso.

La directriz de detener las pruebas –antes conocidas como Medición y Evaluación para la Transformación Académica (META)– se produjo mediante un memorando oficial del DE enviado este mismo jueves por Beverly Morro Vega, subsecretaria de Asuntos Académicos y Programáticos y quien dirige la Unidad de Avalúo encargada de la administración de todas las pruebas en la agencia.

“El período de administración de las pruebas CRECE estaba programado del 8 al 31 de mayo de 2024. Sin embargo, debido a que se está llevando a cabo un proceso legal en el Tribunal de Apelaciones, cuya resolución, con fecha del 8 de mayo de 2024, otorga la paralización en lo relacionado con los servicios de administración de las pruebas CRECE, se pospone el proceso de administración hasta una nueva determinación del tribunal”, lee el memorando en poder de El Nuevo Día.

En la solicitud en auxilio de jurisdicción de Learn Aid –que el Apelativo declaró “ha lugar” el miércoles–, la empresa argumentó que la Oficina Central de Compras, Obligaciones y Adjudicación de Fondos del DE erró en su evaluación, en varias instancias, al conceder el contrato para la administración de las pruebas a Pearson PEM PR. Esta otra empresa, de la que fue imposible obtener una reacción de inmediato, ha administrado las pruebas por más de una década.

“Consideramos que procede ordenar al Departamento de Educación, al amparo de la Regla 79 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, que proceda de inmediato con la paralización de todo trámite pendiente ante dicho Departamento”, lee la resolución del foro judicial intermedio, suscrita por los jueces Roberto Rodríguez Casillas, Carlos Salgado Schwarz y Eric Ronda del Toro.

El panel de togados le concedió al DE 10 días, a partir de la notificación de la resolución, para que comparezca y se exprese.

A petición de El Nuevo Día, la secretaria de Educación, Yanira Raíces, reaccionó este jueves confiada en que el tribunal les permitirá expresarse y, de esta manera, “evitar que el proceso de la administración de las pruebas se vea afectado, ya que esto tendría un efecto adverso en la educación y en la obtención de fondos federales”.

“En su momento, podremos acreditar que la selección de la compañía a la que se le otorgó el contrato para la administración de las pruebas responde a los mejores intereses públicos. El Departamento de Justicia, el equipo legal de la agencia, junto a la Secretaría de Asuntos Académicos y Programáticos, trabajan en la búsqueda de soluciones, priorizando la educación de los niños y jóvenes del sistema público de enseñanza”, indicó Raíces.

Agregó que, en el proceso de adjudicación, un comité evaluador consideró la capacidad de las compañías proponentes para administrar las pruebas y el costo de los servicios, entre otras variables. En esa línea, describió como “sumamente importante” establecer que Learn Aid “presentó una propuesta por un costo de $34 millones más” que la de Pearson PEM PR.

Las pruebas CRECE buscan evaluar o medir el aprovechamiento académico de los estudiantes del sistema público de enseñanza, lo cual es un requisito del gobierno federal. Su detente se dio solo un día después que hubieran iniciado, con la administración de las pruebas “de medición alterna”, que se les dan a los estudiantes de Educación Especial con impedimento cognitivo grave.

La subasta que Learn Aid impugnó fue para “la medición, planificación, capacitación, ejecución, desarrollo, impresión, envío y recepción, monitoreo, escaneo, procesamiento, corrección y producción de informes sobre los resultados de la Evaluación Académica Estatal del Departamento de Educación de Puerto Rico y una prueba de evaluación alterna para todos los estudiantes en los grados de tercero a octavo y décimo en las áreas de contenido de Español, Matemáticas, Inglés como segundo idioma; y todos los estudiantes en los grados de cuarto, octavo y décimo en área de contenido de Ciencias, según lo requerido por el Departamento de Educación de Estados Unidos”, indica la resolución del Apelativo.

En su pedido de revisión, la empresa señaló que la Oficina Central de Compras, Obligaciones y Adjudicación de Fondos del DE erró al no usar, como uno de los parámetros para conceder el contrato, los estados financieros auditados de los últimos tres años fiscales de NCS Pearson, empresa matriz de Pearson PEM PR. En cambio, según el recurso, se usaron los informes anuales de Pearson PLC, “no siendo esta su matriz directa y no siendo esos documentos estados financieros, sino documentos corporativos internos”.

Arguyó, además, que Pearson PEM PR debió ser descalificada en la etapa del cernimiento inicial por presuntamente obtener, en el renglón de solidez financiera, “la deficiente puntuación de 48.33% versus el 78.33% que obtuvo Learn Aid”.

La adjudicación de la subasta se dio el 23 de febrero. El proceso de solicitud de propuestas se produjo, a su vez, el 4 de diciembre de 2023. Previo al recurso presentado en el Tribunal de Apelaciones, Learn Aid solicitó al DE una revisión, cuya determinación fue adversa para la empresa y fue emitida en marzo.