El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés) comenzaron este jueves sendas investigaciones, luego de recibir una querella sobre supuestas violaciones ambientales en dos propiedades de Anthony Pierluisi Rojo –hijo mayor del gobernador Pedro Pierluisi–, quien reiteró que cumple con la ley y colaborará con la pesquisa.

“Nos reafirmamos en que se ha cumplido con las leyes y reglamentos aplicables a nuestra propiedad. Cualquier agencia que desee indagar, contará con nuestra colaboración”, dijo Pierluisi Rojo en declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

Entretanto, el gobernador, a preguntas de este medio, aseguró que la querella seguirá el curso rutinario en el DRNA. “Estoy seguro que el Departamento atenderá esa querella debidamente”, afirmó Pierluisi tras un evento oficial.

El referido contra Pierluisi Rojo –del que El Nuevo Día obtuvo copia– lo sometió Carlos Díaz Sánchez, aspirante al Senado por acumulación del Partido Popular Democrático, ante el DRNA, el USACE, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (USFWS, en inglés).

Las dos propiedades del hijo mayor del mandatario están ubicadas en el sector San Jacinto del barrio Carenero, en Guánica, y son usadas para alquiler a corto plazo a través de la plataforma Airbnb, en la que se hace constar que cada una cuenta con un muelle.

En la querella, Díaz Sánchez solicitó al DRNA que “ejerza su deber ministerial, conferido mediante la Ley 23-1972, según enmendada, y conocida como Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”.

“El DRNA recibió la querella a la que hace referencia la nota de El Nuevo Día. Es importante destacar que los referidos que son presentados ante nuestra agencia son tratados con la debida seriedad y diligencia, como hemos hecho ya en otros casos. En este en particular, se seguirá el curso de investigación establecido para este tipo de caso”, dijo –por escrito– la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, quien no ha accedido a ser entrevistada sobre este tema.

El portavoz del USACE en Puerto Rico, Luis Deyá, también confirmó el recibo de la querella. “La recibimos y la están pasando por el proceso de evaluación. Nosotros investigamos las querellas”, declaró.

Aunque se intentó, no se obtuvo de inmediato una reacción del USFWS.

Por su parte, la OGPe rechazó tener injerencia en el tema, ya que “no es la entidad gubernamental con responsabilidad para la evaluación y adjudicación de querellas”.

“Como establece la Ley 161-2009, supra, toda querella se radica en el ‘Single Business Portal’ y es evaluadas por la Junta de Planificación o el Municipio Autónomo con oficina de permisos, según la ubicación del predio objeto de la querella. Por ello, la querella mencionada en este reportaje, debidamente radicada para la propiedad ubicada en el municipio de Guánica, esta sería considerada por la Junta de Planificación, ya que es el ente con la jurisdicción”, expuso Félix Rivera, secretario auxiliar de la OGPe.

En declaraciones escritas previas, Pierluisi Rojo expresó que los muelles están fuera de su propiedad y son “una estructura pública que ha existido desde la década de 1970″.

“Al ser una propiedad en bien de dominio público, es el DRNA el custodio del mismo. El muelle lo utilizan inquilinos de la propiedad, como también pescadores de la zona y kayakeros del área, entre otros”, manifestó el pasado 12 de abril.

Mientras, el jefe de la División de Permisos del Programa Regulatorio del USACE en Jacksonville, José Alicea Pou, confirmó a este medio, la semana pasada, que los muelles de las dos propiedades no cuentan con los permisos requeridos en virtud de la Ley federal de Agua Limpia (“Clean Water Act”) y la Ley federal de Ríos y Muelles (“Rivers and Harbors Act”). Asimismo, dijo que las estructuras necesitaban una “concesión” del DRNA, según lo establece el Reglamento 4860 de la agencia.