Washington - El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, no será procesado por desacato al Congreso porque su negativa a entregar el audio de la entrevista del presidente Joe Biden en su caso de manejo de documentos clasificados “no constituyó un delito”, informó el viernes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En una carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, un funcionario del Departamento de Justicia citó la “postura de larga data y la práctica uniforme” de la agencia de no procesar a los funcionarios que no acatan citaciones porque un presidente hace valer su privilegio ejecutivo.

El mes pasado, el mandatario demócrata hizo valer el privilegio ejecutivo para bloquear la divulgación del audio, que según la Casa Blanca los republicanos sólo quieren con fines políticos. De todos modos, los republicanos siguieron adelante con el intento de que se declare a Garland en desacato, y votaron el miércoles a favor de sancionarlo por negarse a facilitar la grabación.

El secretario adjunto de Justicia, Carlos Felipe Uriarte, señaló que el Departamento de Justicia, bajo presidentes de ambos partidos políticos, se ha negado a procesar a alguien en circunstancias similares cuando el presidente ha alegado el privilegio ejecutivo.

En consecuencia, el Departamento “no presentará la citación por desacato al Congreso ante un jurado investigador ni tomará ninguna otra medida para procesar al secretario de Justicia”, dijo Uriarte en la carta a Johnson. La misiva no especificaba quién había tomado la decisión en el Departamento de Justicia.

Los republicanos se indignaron cuando el fiscal especial Robert Hur se negó a procesar a Biden por su manejo de documentos clasificados y abrió rápidamente una investigación.

Legisladores del Partido Republicano —encabezados por los representantes Jim Jordan y James Comer–- enviaron una citación para obtener el audio de las entrevistas de Hur con Biden, pero el Departamento de Justicia sólo entregó algunos de los registros, omitiendo el audio de la entrevista con el presidente.

Los republicanos han acusado a la Casa Blanca de ocultar la cinta porque dicen que el presidente tiene miedo de que los votantes la escuchen en un año electoral.

Un portavoz de Jordan criticó la medida del Departamento de Justicia el viernes, diciendo: “El estado de derecho se aplica para ti, pero no para mí”.

Una transcripción de la entrevista de Hur mostraba a Biden teniendo dificultades para recordar algunas fechas y confundiendo ocasionalmente algunos detalles –-algo que, según sus antiguos asesores, ha hecho durante años en público y en privado–-, pero mostrando por lo demás una gran capacidad de memoria en otras áreas. Biden y sus asesores son especialmente sensibles a las preguntas sobre su edad. A sus 81 años, es el presidente de más edad en la historia de Estados Unidos, y aspira a otro mandato de cuatro años.

El secretario de Justicia ha dicho que su departamento ha hecho todo lo posible para facilitar información a los legisladores sobre la investigación de Hur. Sin embargo, Garland ha dicho que divulgar el audio podría poner en peligro futuras investigaciones delicadas porque los testigos podrían ser menos propensos a cooperar si saben que sus entrevistas podrían hacerse públicas.

En una carta del mes pasado en la que se detallaba la decisión de Biden de hacer valer el privilegio ejecutivo, el abogado de la Casa Blanca, Ed Siskel, acusó a los republicanos de pretender obtener las grabaciones para poder “desmenuzarlas” y distorsionarlas con el fin de atacar al mandatario. El privilegio ejecutivo otorga a los presidentes el derecho a ocultar información a los tribunales, al Congreso y al público para proteger la confidencialidad de la toma de decisiones, aunque puede ser impugnado ante los tribunales.

El Departamento de Justicia hizo notar que también declinó procesar al secretario de Justicia Bill Barr, quien fue declarado en desacato en 2019. La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, votó a favor de emitir una remisión contra Barr después de que se negara a entregar documentos relacionados con una investigación del fiscal especial sobre el expresidente Donald Trump.

Del mismo modo, el Departamento de Justicia se negó a procesar al exjefe de despacho de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows, después de que fuera declarado en desacato al Congreso por dejar de cooperar con el Comité del 6 de enero que investigaba el ataque al Capitolio de Estados Unidos.

Años antes de aquello, el entonces secretario de Justicia Eric Holder fue declarado en desacato en relación con la operación para rastrear el tráfico de armas llamada Operación Rápido y Furioso. El Departamento de Justicia tampoco tomó medidas contra Holder.

Dos exfuncionarios de la Casa Blanca de Trump, Peter Navarro y Steve Bannon, fueron procesados por desacato al Congreso por desafiar las citaciones del Comité del 6 de enero. Ambos fueron declarados culpables en el juicio y sentenciados a cuatro meses de prisión. Navarro ha estado tras las rejas desde marzo, y a Bannon se le ha ordenado presentarse en la cárcel para el 1 de julio.

Hur, el fiscal especial en el caso de Biden, pasó un año investigando la retención indebida de documentos clasificados por parte del presidente, de cuando fue senador y cuando fue vicepresidente. Hur dijo que no encontró evidencia suficiente para llevar el caso ante los tribunales.

Hur citó limitaciones de la memoria de Biden y la cooperación del presidente con los investigadores que “podrían convencer a algunos jurados de que cometió un error inocente”. El informe de Hur también dijo que el presidente era “alguien para quien los jurados querrán identificar una duda razonable”.