La intención de regular prospectivamente al sector de alquileres a corto plazo (STR, en inglés), como propone un proyecto cameral, podría chocar con la falta de recursos existentes en la Compañía de Turismo (CTPR), dependencia que actualmente cuenta con un solo auditor para fiscalizar las operaciones de sobre 5,000 propiedades registradas para operar bajo esa modalidad de alojamiento.