A pesar de la insistencia del sector privado y de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que se derogue la nueva reforma laboral, que permanece aún ante la consideración del Tribunal federal, los legisladores no anticipan enmiendas significativas a esta ley una vez inicie la sesión legislativa en enero.

Liza García, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, reconoció que hay comercios que no han comenzado a implementar la legislación porque entienden que existe confusión ante el pleito incoado por la Junta, quienes objetaron la implementación de la ley ante el Tribunal federal. La implementación de esta ley, dijo, tiene unos costos para estos comerciantes que se oponen a invertir ante la posibilidad de que luego quede sin efecto.

“La mayoría de los comercios nos han indicado que la habían comenzado a implementar. Sin embargo, había un proceso administrativo que le costaba a los comercios porque tenían que cambiar de un sistema a otro. Estaban en un proceso de implementación que no necesariamente estaba listo cuando entró en vigor. En el caso de las pymes sí había mucha incertidumbre porque si al final del día la Junta es quien tiene la facultad de decidir, pues ellos están impugnando la ley”, aseveró. “En ese caso, pensaron que sería mejor no hacer los cambios administrativos que luego tendrían que cambiar. No es solo el sistema. Es documentación, reglamentación, pagas a abogados, a especialistas en recursos humanos. Es una inversión que se puede ir por la borda”.

Aseguró que hay empresarios que por todas estas razones han decidido esperar, lo que redunda en una inestabilidad comercial. “Esos análisis arrojan que, por ejemplo, para un supermercado, el impacto anual por empleado es de $1,200″, detalló.

Esto prueba, según dijo, que la reforma laboral debió llegar con un estudio económico.

“Se incumple con la certificación que requiere la junta que dice que, si tienes una medida, tienes que entregar una certificación”, indicó.

“Si tienes una medida puede ser buena, pero si no tienes un estudio que la sustente, no le pueden dar paso porque hay que cumplir con un plan fiscal. Cada vez que se aprueban estas medidas debe mediar un análisis económico y aquí es inexistente”, sentenció.

En junio de 2022, el gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley la reforma laboral que no contaba con el apoyo de la JSF. Este proyecto, entre otras cosas, aumenta a 1.25 días por mes las vacaciones a los trabajadores de jornada completa, reduce el periodo probatorio a tres meses, entre otros beneficios que habían sido eliminados en una reforma anterior. La JSF objetó la implementación de esta ley en un caso ante el Tribunal federal.

Sí hay obligación en ley

La abogada laboral Natalia Colón afirmó, por su parte, que estas empresas sí están obligados a implementar legislación, aun cuando haya un caso judicial pendiente.

Las empresas regulares debían implementar esta legislación, dijo, a 30 días de que entrara en vigor, mientras que las pequeñas y medianas empresas tenían hasta el 19 de septiembre para implementarla.

“Como no hay ninguna resolución de la jueza Laura Taylor Swain sobre la controversia jurídica, el 19 de septiembre de 2022, todos los patronos, indistintamente de su tamaño o su nivel de negocio y cantidad de empleados, deben estar en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 41″.

Reconoció que la espera por una decisión de la jueza podría causar preocupación en los comerciantes que deben invertir fondos para implementar la medida.

“Como la jueza podría favorecer los postulados de la junta, quizá por eso hay una resistencia a hacer los cambios que la ley mandata. Pero para propósito de derecho, un trabajador tiene derecho a que se le reconozcan esos derechos y el patrono está obligado a cumplir con esas provisiones”.

Afirmó que la ley puede representar unas complejidades para estos patronos.

“Tienen que hacer manuales de empleados, hay unos procesos de publicidad para cumplir con eso, necesitan dar orientación y todo eso representa unos gastos”, indicó. “Pero tienen que cumplir porque es ley. El sistema democrático funciona así. Donde hay una Legislatura con capacidad de crear leyes, un ejecutivo que puede vetar o aceptar las leyes, ese es el sistema democrático”.

La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en el Senado y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Ana Irma Rivera Lassén, recordó que hay varios proyectos pendientes que buscan otorgar más derechos a los trabajadores y no descartó que busque impulsarlos.

“Tenemos que ver qué de lo que no se incluyó le vamos a dar importancia y radicarlo. Ese es el análisis que tenemos que hacer ahora”, dijo. “Yo creo que lo que hay que defender son los derechos de los trabajadores y trabajadoras. El desarrollo de Puerto Rico tiene que ser uno sustentable y tiene que ser basado en unas condiciones de empleo que sean buenas y que no sean de explotación”.

El representante Domingo Torres, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones de la Cámara de Representantes, dijo que no tiene planes de tocar la legislación hasta que haya una decisión en el Tribunal federal.

“Estamos esperando que sea atendido por la jueza (Swain). Se supone que la ley entre en vigor. Todo el mundo debe estar cumpliendo con esa ley porque el pleito es para invalidarla, pero fue aprobada”, recordó. “He escuchado que no se está implementando. Por lo pronto, no tenemos nada más que vayamos a tratar en esta próxima sesión, no tenemos enmiendas pendientes”.