Una delegación de funcionarios del gobierno de Pedro Pierluisi se reunió nuevamente con las tres principales casas acreditadoras —S&P Global (S&P), Moody’s Investors Services y Fitch Ratings— en Nueva York, como parte de sus esfuerzos para recuperar la clasificación crediticia de Puerto Rico.

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Se trató del primer encuentro, en lo que va de año, entre oficiales del gobierno puertorriqueño y las acreditadoras, Se espera sostener otras dos reuniónes en octubre y noviembre de este año, confirmó a El Nuevo Día, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

La reunión más reciente con las casas acreditadoras se dio el pasado miércoles y jueves, indicó el director ejecutivo de la Aafaf, Omar Marrero.

De acuerdo con el también secretario del Departamento de Estado, quien nuevamente lideró los esfuerzos, se presentó el “progreso que hemos alcanzado desde nuestra última reunión con las casas acreditadoras en octubre del año pasado”. Durante el 2023, se realizaron tres encuentros con las firmas dedicadas a pasar juicio de las finanzas públicas de ciudades y estados en Estados Unidos, así como de economías soberanas y emisores de deuda privados.

La presentación de datos actualizados junto a Nelson Pérez Méndez, secretario interino del Departamento de Hacienda; Juan Carlos Blanco, director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP); Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), y Manuel Laboy, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).

El grupo económico destacó el establecimiento del Comité de Trabajo para la Recuperación Crediticia de Puerto Rico, creado por el gobernador Pedro Pierluisi el pasado 9 de abril y que busca avanzar el proceso de recuperar la clasificación crediticia del gobierno.

Como parte de los avances presentados, se mencionó el desempeño de los bonos de Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), de Obligación General (GO, en inglés) y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), los cuales trafican en el mercado secundario, prácticamente, a los mismos niveles que el índice de bonos municipales con clasificaciones de grado de inversión, según Marrero.

Además, se informó que “las reformas en etapa de ejecución del sector energético y la implementación de transacciones históricas de alianzas público-privadas en los sectores de transporte marítimo, terminales de cruceros y monetización de autopistas, hemos sentado las bases para una nueva era de prosperidad y oportunidades para Puerto Rico”, comunicó el funcionario.

Otro de los puntos principales que el grupo económico subrayó durante sus presentaciones ante las casas acreditadoras fue el avance en la publicación de estados financieros auditados, lo que atiende una de las preocupaciones principales en cuanto a la transparencia de las finanzas gubernamentales, explicó Marrero.

“Desde nuestra última reunión, bajo el liderazgo y dedicación del equipo de trabajo del Departamento de Hacienda, el gobierno logró emitir el estado financiero auditado correspondiente al año fiscal 2022. Esto significa que desde el 2021, el gobierno ha emitido cinco informes de este tipo y estimamos que el estado financiero correspondiente al año fiscal 2023 se emitirá antes de que termine el año en curso”, agregó Marrero.

No obstante, en la reunión más reciente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el director ejecutivo de organismo federal, Robert Mujica, mencionó que el primero de cuatro presupuestos balanceados consecutivos que requiere la ley Promesa podría certificarse al concluir este año fiscal, ello en el escenario más optimista.

En tanto, el secretario interino de Hacienda destacó que los esfuerzos para poner al día la emisión de los estados financieros ponen fin a una década de atrasos.

“Es importante mantener actualizados a los mercados sobre estos avances significativos y sobre las políticas que hemos implementado en Hacienda y en el gobierno para cumplir con el Financial Management Agenda, que incluye el poner los estados financieros al día”, sostuvo Pérez Méndez.

Además, los funcionarios ofrecieron una actualización del estatus del proceso de reestructuración de la deuda pública, incluyendo el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo el Título III de Promesa.

Mientras, el pasado 12 de junio, el Primer Circuito de Apelaciones determinó que los bonistas de la AEE, en efecto, tienen derecho a cobrar su acreencia de los ingresos netos que genere la corporación pública luego del pago de gastos operacionales.

El equipo de oficiales proveyó datos sobre la recuperación fiscal y económica de Puerto Rico en años recientes, destacando la tasa de desempleo históricamente baja (5.8% en abril pasado) y una tasa de participación laboral que ha ido en aumento desde el 2015.

Se mostraron también las cifras alcanzadas en los segmentos de turismo y hospitalidad, así como inversiones recientes de gran envergadura en el sector de manufactura por parte de empresas como Honeywell Aerospace, Sartorius, Baxter Coopervision y Ethicon, entre otras.

Durante las reuniones también se discutió el manejo de fondos federales, específicamente el aumento reciente en el desembolso de fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), así como de otros fondos de asistencia federal.

Al momento, el 44% de los fondos federales asignados han sido desembolsados, dato que ha sido resaltado por la administradora de FEMA, Deanne Criswelll, quien reconoció recientemente que Puerto Rico debe servir como ejemplo para otros estados y territorios en términos de innovación y liderar un proceso de recuperación sin precedentes.