En octubre de 2019, el Departamento de Justicia federal confiscó $1.4 millones luego de comprobar que un matrimonio estableció una entidad financiera internacional (EFI) y a su vez, utilizó una cooperativa de ahorro y crédito en Puerto Rico como parte de un fraude en el que se hicieron transferencias millonarias de efectivo desde jurisdicciones de “alto riesgo” en Centro y Suramérica a cuentas bancarias en otras instituciones financieras en la isla, Carolina del Norte y Nueva Jersey.