Washington D.C. – La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy 220-210, en votación partidista, una resolución republicana que propone acabar de inmediato con la declaración de emergencia de salud pública en torno a la pandemia del COVID-19.

La medida, que no se prevé que avance en el Senado, fue rechazada por la Casa Blanca y por los demócratas del Congreso, por el presidente Joe Biden entender que pueda causar un “caos” en los servicios de salud.

La Casa Blanca anunció el lunes que se se propone descontinuar el 11 de mayo, es decir en poco más de tres meses, las declaraciones de emergencias nacional y sobre la salud pública relacionadas a una pandemia que ha provocado la muerte de más de 1.1 millones de personas en Estados Unidos durante los pasados tres años.

“Si la declaración de emergencia en el área de salud pública terminara repentinamente, sembraría confusión y caos”, sostuvo la Casa Blanca.

La Cámara baja también aprobó (227-203), con siete demócratas votando a favor y frente a la advertencia de la Casa Blanca de que también la vetaría, otra medida que persigue eliminar el requisito de vacunación para trabajadores de la salud vinculados a ciertos programas federales, como Medicaid y Medicare.

“Ya es hora de que la administración Biden deje de depender de una emergencia que ya no existe para tomar decisiones unilaterales”, señaló la presidenta del Comité de Energía y Comercio, la republicana Cathy McMorris Rodgers (Washington), al apoyar la legislación en el hemiciclo cameral.

Al votar en contra de la medida, el demócrata Frank Pallone (Nueva Jersey), líder de la minoría en el Comité de Energía y Comercio federal, afirmó que el fin de la declaración de que existe una emergencia tendrá un impacto económico y en la salud, pues los ciudadanos tendrían que comenzar a pagar de inmediato el costo de las pruebas del COVID-19, los hospitales se enfrentarían a un recorte de 20% en los pagos por pacientes de Medicare con COVID-19 y se perdería flexibilidad en ciertos servicios de telemedicina.

Además, el congresista Pallone considera que se perderían herramientas vitales para rastrear brotes de COVID-19 en hogares de ancianos y otras instalaciones residenciales y se terminaría abruptamente con flexibilidades en el acceso a asistencia nutricional.

En el caso de Medicaid, los estados, Washington D.C. y sus territorios han tenido acceso a un aumento de 6.2% en el pareo federal –FMAP, por sus siglas en inglés- como respuesta a la pandemia y la declaración de que existe una emergencia en la salud pública.

Para Puerto Rico, en momentos en que tiene asignado para este año fiscal federal $3,650 millones, el 6.2% adicional en el FMAP ha significado elevar de 76% a 82% ese pareo.

Pero, en diciembre pasado, la nueva ley de presupuesto incluyó un lenguaje que elimina paulatinamente ese incremento en fondos entre abril y diciembre de este año.

“Debido a esta incertidumbre, decenas de millones de estadounidenses podrían correr el riesgo de perder abruptamente su seguro médico, y los estados podrían correr el riesgo de perder miles de millones de dólares en financiamiento. Además, los hospitales y hogares de ancianos que han dependido de las flexibilidades habilitadas por las declaraciones de emergencia se verán sumidos en el caos sin el tiempo adecuado para volver a capacitar al personal y establecer nuevos procesos de facturación, lo que probablemente provoque interrupciones en la atención y retrasos en los pagos, y muchas instalaciones en todo el país experimentar pérdidas de ingresos”, indicó la Casa Blanca.

El fin de las declaraciones de emergencia pone en riesgo servicios especiales de telesalud, según la Casa Blanca. “Los más afectados serían las personas con necesidades de salud conductual y los pacientes rurales”, agregó.

Pero, además, la Casa Blanca argumentó que tendría que poner fin a la política pública que aplica el título 42 en la frontera, que ha permitido desde la administración de Donald Trump devolver a inmigrantes – sin examinar su caso-, que entran sin documentos a Estados Unidos para pedir asilo político.

“Si bien la administración ha intentado rescindir la política del Título 42 y continúa apoyando el levantamiento ordenado de esas restricciones, el Título 42 permanece vigente debido a las órdenes emitidas por la Corte Suprema y una corte de distrito en Luisiana”, sostuvo la Casa Blanca.

Aunque esas medidas republicanas probablemente no avanzarán en el Senado, donde los demócratas tienen una mayoría de 51 a 49, los republicanos de la Cámara baja consideran que han logrado avances en la política pública del Ejecutivo estadounidense.

“Me alegra ver que la Casa Blanca está siguiendo el ejemplo de los republicanos de la Cámara y anunciara que planean terminar finalmente con la emergencia de salud pública y la declaración de emergencia sobre el COVID”, indicó el líder de la mayoría republicana, Steve Scalise (Luisiana).

Reacciona Pierluisi

En San Juan, el gobernador Pedro Pierluisi afirmó que es prudente no acabar con las emergencias sobre el COVID-19 de forma inmediata.

“A mí me parece correcto el que no se elimine o se deje sin efecto la declaración de emergencia abruptamente. De un día para otro. Me parece que un período de varios meses para ir transicionando hacia esa nueva etapa, es lo correcto. Yo voy a estar bien pendiente de las acciones del presidente.En su momento, vamos a atender el COVID como una enfermedad endémica. No como una epidemia y eso es lo que está anticipando el presidente (Biden)”, indicó Pierluisi.