Washington - El Departamento de Justicia de Estados Unidos toma medidas para asegurar que sus litigantes descartan plenamente utilizar la jurisprudencia racista de los Casos Insulares como defensa en controversias judiciales referentes a los territorios estadounidenses.

Al responder a 43 miembros del Congreso que reclamaron eliminar de las argumentaciones del Ejecutivo federal la teoría de los Casos Insulares sobre la incorporación o no incorporación territorial, el secretario adjunto de Justicia para Asuntos Legislativos, Carlos Felipe Uriarte, afirmó que el Departamento de Justicia tiene ya como política pública condenar “inequívocamente la retórica y el razonamiento racista” de esa jurisprudencia del primer cuarto del siglo pasado.

En una carta enviada el jueves a los miembros del Congreso –encabezados por el líder de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Raúl Grijalva (Arizona), y la delegada de las Islas Vírgenes, Stacey Plaskett–, Uriarte sostuvo que su departamento “comparte sin ambigüedades su opinión de que tal razonamiento y retórica son irreconciliables con los principios fundacionales estadounidenses de igualdad, justicia y democracia”.

El secretario Uriarte sostuvo que la posición de Justicia federal se reflejó claramente en el caso Fitisemanu versus Estados Unidos, en la que el departamento argumentó que la aplicación de la Constitución a los territorios “debería decidirse ‘utilizando las herramientas ordinarias de interpretación constitucional, incluidos el texto, el contexto, práctica histórica y precedente’”.

Por medio de los Casos Insulares, el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció el status de territorios no incorporados, como Puerto Rico, en los que solo aplican los derechos fundamentales de la Constitución de Estados Unidos.

De acuerdo a esa jurisprudencia, los territorios no incorporados, como Puerto Rico, pertenecen a, pero no son parte, de Estados Unidos, y no están encaminados a la estadidad.

“El Departamento ha tomado medidas activas para coordinar componentes y oficinas, y continuaremos haciéndolo, para garantizar que los litigantes del Departamento apliquen consistentemente el mismo enfoque a cuestiones análogas y no se basen en la retórica y el razonamiento racistas de los Casos Insulares”, agregó Uriarte.

En marzo, 43 legisladores federales –15 senadores y 28 miembros de la Cámara baja– hicieron un llamamiento al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que “rechace inequívocamente” la doctrina racista de la jurisprudencia de los Casos Insulares e incentive acabar con la situación colonial de los territorios estadounidenses, como Puerto Rico.

“El sistema colonial establecido por los Casos Insulares se basó en el juicio del Tribunal (Supremo de Estados Unidos) de que las personas que residían en los territorios eran racial y culturalmente inferiores a estadounidenses blancos anglosajones y, por lo tanto, no aptos para las protecciones de la Constitución, el autogobierno o la autodeterminación”, indicaron los legisladores, en una carta dirigida al secretario de Justicia, Merrick Garland.

Grupos pro derechos civiles, como Right to Democracy, Latino Justice, la Unión de Libertades Civiles (ACLU) y la Federación Hispana, han abogado ante los miembros del Congreso para que se presione en favor de la anulación de la doctrina de los Casos Insulares.

Para el congresista Grijalva, “este es un paso importante para que la Corte Suprema finalmente anule estas decisiones discriminatorias, que han servido para justificar la negación de la igualdad de derechos y la autodeterminación a las comunidades de color en territorios estadounidenses durante casi 125 años”.

“Los Casos Insulares –y su lenguaje y lógica racistas– son una mancha en la historia de nuestro país”, indicó el presidente del Comité de lo Jurídico y número dos de la mayoría demócrata del Senado, Richard Durbin (Illinois).

Su colega en el Comité de lo Jurídico de la Cámara baja, Jerrold Nadler (Nueva York), confió en que la política pública del Departamento de Justicia fomente otras acciones del gobierno federal. “Nuestro país fue fundado sobre principios de igualdad y democracia, ideales que deberían aplicarse por igual en todo Estados Unidos, ya sea que alguien viva en un estado o territorio”, agregó.

Por su parte, la delegada Plaskett, demócrata, dijo que la respuesta de la administración del presidente Joe Biden “es un paso importante para promover la equidad en los territorios de Estados Unidos”.

“Es una carta histórica en la que admiten o reiteran expresiones, pero que no lo habían hecho con una fuerza tan clara”, indicó Adi Martínez Román, profesora de Derecho y cofundadora de Right to Democracy.

“Hemos estado trabajando, durante mucho tiempo, para lograr que el Departamento de Justicia haga su parte para pasar la página de los Casos Insulares, por lo que es gratificante verlos tomar esta acción histórica”, dijo Neil Weare, quien también codirige Right to Democracy.

Los jueces asociados del Tribunal Supremo estadounidense Sonia Sotomayor y Neil Gorsuch han hecho expresiones en contra de la jurisprudencia de los Casos Insulares, pero el foro judicial no la ha revocado.

La carta enviada, en abril, al Departamento de Justicia estadounidense incluyó a los cuatro congresistas demócratas boricuas –Nydia Velázquez, Darren Soto, Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres–, y la comisionada de Puerto Rico residente en Washington, Jenniffer González. La comisionada González y el delegado de Guam, James Moylan, fueron los únicos republicanos que firmaron la carta.

Los 15 senadores que suscriben la misiva son miembros del caucus demócrata, incluidos Durbin, el independiente Bernie Sanders (Vermont), Elizabeth Warren (Massachusetts), Martin Heinrich (Nuevo México), Kirsten Gillibrand (Nueva York) y Peter Welch (Vermont).

En el caso Fitisemanu al que hace referencia el secretario adjunto Uriarte, naturales de Samoa reclamaron sin éxito ser considerados ciudadanos de Estados Unidos bajo la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense con las mismas protecciones de los que nacen en los estados. El Tribunal Supremo estadounidense, sin embargo, rechazó revisar tanto la negativa a naturalizarlos por la vía judicial como la jurisprudencia de los Casos Insulares.

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REFERENCIA:

Caso Fitisemanu versus Estados Unidos ante la Corte Suprema de Estados Unidos