El Tribunal de Apelaciones confirmó una multa por casi $1 millón que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) emitió, el año pasado, contra una empresa asfaltera de Salinas que, presuntamente, extrajo agua de forma ilegal de un pozo subterráneo desde, al menos, 1997.

“Concluimos que las determinaciones de hechos formulados por el DRNA no solo encuentran apoyo en la totalidad del expediente administrativo y en la prueba presentada durante la vista administrativa en su fondo, sino que satisfacen el estándar de evidencia sustancial”, expresó el panel de jueces del foro intermedio, en la sentencia en respuesta al recurso de revisión que la compañía Salinas Ready Mix presentó.

En julio de 2023, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, acogió un informe de la oficial examinadora María Ortega Ramírez, que recomendaba penalizar a Salinas Ready Mix con el pago de $945,830.19 por concepto de una deuda por agua hurtada hasta abril de 2006, así como una multa de $50,000 “por el uso y aprovechamiento ilegal de aguas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sin poseer una franquicia otorgada”.

De acuerdo con la sentencia del panel apelativo, compuesto por los jueces Félix Figueroa Cabán, Fernando Bonilla Ortiz y Ana Mateu Meléndez, Salinas Ready Mix expuso cinco supuestos “errores” en la determinación del foro administrativo, incluyendo la “incuria” del DRNA “por no tramitar el caso por más de 15 largos años y no proceder a desestimarlo”.

“Según explicamos en el derecho aplicable, la doctrina de incuria establece que la inacción por un largo período de tiempo por cualquiera de las partes impide que se provean los remedios solicitados”, afirmaron los jueces, que procedieron a enumerar las instancias en las que los querellados incumplieron con citaciones o solicitaron prórrogas a la celebración de vistas administrativas.

El foro judicial validó, asimismo, los hallazgos del DRNA en una vista ocular de 2018, cuando concluyeron que la asfaltera había manipulado el contador de agua.

“En el ejercicio de nuestra jurisdicción apelativa, debemos deferencia a las determinaciones de hechos que formulan los foros administrativos, siempre que encuentran apoyo en el expediente administrativo, y satisfagan el estándar de prueba aplicable, es decir, el de evidencia sustancial”, subrayó el panel en la sentencia del pasado martes.

Las violaciones cometidas por Salinas Ready Mix, incorporada en 1997 por José Luis Torres Negrón, se descubrieron inicialmente en agosto de 2005, según el informe de Ortega Ramírez y, en 2008, el entonces secretario del DRNA, Javier Vélez Arocho, emitió una orden de cese y desistimiento del uso del pozo, dando inicio al extenso proceso administrativo.

Entre las determinaciones de hechos del informe, se incluye que “la parte querellada tenía una conexión de un tubo antes y después del metro contador que medía el consumo de aguas de la AAA (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados), identificado como ‘by-pass’, de forma que el agua consumida no pasara por el metro”.

La incorporación de Salinas Ready Mix se canceló en 2015, luego que la empresa incumpliera con entregar sus informes anuales correspondientes al 2010, 2013 y 2014, según la carta de cancelación disponible en los registros del Departamento de Estado.

En una entrevista el año pasado, a raíz de la penalidad emitida por la agencia, Rodríguez Vega aseguró que el presunto incumplimiento no era el único incidente detectado de hurto de agua de pozos subterráneos.