Una investigación evidenció la presencia de metales pesados, tóxicos y cancerígenos, en el agua potable que consumen las comunidades que se nutren del acuífero del sur, que se ha visto afectado por el depósito de cenizas de carbón, informó este lunes el Colegio de Químicos de Puerto Rico.

Sin embargo, los niveles encontrados en las muestras tomadas en un período de tres años en Guayama, Arroyo y Salinas no rebasan los límites establecidos por la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés), dio a conocer la entidad.

“Estas concentraciones, sean bajas o bien distantes a los niveles regulatorios, no necesariamente aseguran la salud del pueblo”, advirtió el doctor Osvaldo Rosario López, asesor del Colegio de Químicos de Puerto Rico.

Según el experto, organizaciones como la comisión de Salud y Ambiente de la Comisión Europea, la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) y la misma EPA ”reconocen que la práctica de cumplimiento ambiental regulando niveles individuales de diferentes sustancias que representan riesgos al ambiente y la salud no son suficientes para asegurar la salud de la población”.

Rosario López estableció que “se ha encontrado y se ha publicado que las mezclas de sustancias tóxicas y cancerígenas, a largo plazo, representan también un riesgo a la salud de los que están expuestos a esas concentraciones”.

Algunos de los 16 metales hallados en aguas examinadas en casas de Guayama y Salinas, entre marzo de 2021 y agosto de 2023, fueron arsénico, cobre, plomo y uranio, que la agrupación asegura están asociados a las cenizas que produce la carbonera AES Puerto Rico, planta generatriz establecida en Guayama.

De acuerdo con lo expresado en una conferencia de prensa, en la sede de la organización, se estima que se han depositado 2,000,000 de toneladas de cenizas en el país desde 2004.

Ante la petición de reacción de El Nuevo Día, AES Puerto Rico indicó que el plan de muestreo que condujo la EPA y que finalizó en septiembre de 2023 fue para detectar “la presencia en el agua de metales que generalmente se asocian con los residuos de la combustión de carbón”. Las conclusiones del muestreo de 30 pozos evidenciaron que “no hubo excedencias de los estándares de agua potable”.

“Para AES la seguridad de nuestros más de 700 trabajadores directos e indirectos, y las comunidades en las que operamos, son nuestra prioridad. Nuestras plantas en Guayama cuentan con los más altos estándares de la industria y nuestra operación cuenta con amplios controles ambientales, está altamente regulada y es auditada frecuentemente por las agencias locales y federales”, agregó la empresa en declaraciones escritas.

Este periódico también solicitó comentarios de la EPA. Al momento de esta publicación, no habían sido remitidos.

Como resultado del estudio, el Colegio de Químicos recomendó que se remuevan las cenizas de los lugares donde fueron depositadas y que se dispongan de manera segura para las salud de la ciudadanía. Asimismo, aconsejó que tanto el gobierno federal como el local asuman la responsabilidad de realizar muestras anualmente a las aguas del acuífero del sur. Además, sugirió que se viabilice política pública para hacer cumplir las leyes ambientales.

A estas peticiones, se unió el Colegio de Médicos Cirujanos. El doctor Ángel González, presente en la conferencia de prensa, detalló que la presencia de sustancias como plomo y arsénico afectan, principalmente, a niños, adolescentes, personas embarazadas, adultos mayores y a quienes sufren enfermedades preexistentes.

En el caso del plomo, el profesional explicó que no tienen ninguna función nutritiva y es altamente tóxico para las personas. Respecto de los niños, el médico alertó que el nivel más bajo de plomo puede causar inconvenientes con el aprendizaje, retraso en el crecimiento, problemas de audición y anemia.

De acuerdo con González, este mismo metal, en personas embarazadas, tiene el potencial de provocar partos prematuros, daños en el cerebro, riñones o en el sistema nervioso del feto, así como abortos espontáneos.

“Estos metales se acumulan a lo largo del tiempo y, entonces, causan más daños. Quizás, una de las recomendaciones que haríamos es que se elimine el consumo de esa agua hasta que no se conmpruebe que no tengan esas (sustancias). [...] Se deben remover todas la cenizas del área, a costo de AES, y que no sea un gravamen al bolsillo del país”, indicó el doctor González, quien representó al comité de Salud Ambiental del Colegio de Médicos.

La presidenta del Colegio de Químicos, María Santiago, enfatizó en la necesidad de que las cenizas sean removidas para que la situación se atienda proactivamente.

“La permanencia de cenizas sobre el acuífero del sur facilita la percolación de metales pesados hacia nuestras fuentes de agua, lo cual es preocupante. Es imperativo actuar de inmediato para mitigar cualquier riesgo potencial para la salud de nuestra gente”, sostuvo.

El análisis se hizo a petición de las comunidades y comenzó, en marzo de 2021, con muestras del agua potable de los grifos de las casas. Posteriormente, a finales de 2023, se examinaron los pozos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

La citada investigación busca ser un marco de referencia para las mediciones subsiguientes y tomar acciones para garantizar la salud pública, ante las preocupaciones sobre el impacto de las cenizas de carbón. En ese sentido, se informó que los hallazgos presentados se remitieron a diversas agencias del gobierno, incluyendo la AAA, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Oficina del Gobernador y la Legislatura.