Washington D.C. – La jefatura republicana del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes va en busca de reautorizar la ley agrícola con la idea de reducir la inversión futura tanto en el Programa de Asistencia Nutricional de Puerto Rico (PAN) como en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), según el grupo de estudio Centro sobre Presupuesto y Política Pública Prioritaria (CPBB).

La propuesta preliminar del presidente del Comité, el republicano Glenn “GT” Thompson (Pensilvania), persigue congelar el costo del plan económico de alimentos (TFP, por sus siglas en inglés), lo que representaría reducir la inversión futura en el PAN en más de $700 millones entre 2027 y 2033, indicó el CBPP.

En cuando al SNAP - que existe en los 50 estados, Washington D.C., Guam y las Islas Vírgenes estadounidenses-, el recorte futuro se calcula en unos $30,000 millones durante la próxima década.

Para el CBPP, con oficina en Washington D.C., la intención de congelar el TFP afectaría adversamente a los 1.4 millones de beneficiarios del PAN en Puerto Rico y “a todos los participantes del SNAP”, que son más de 40 millones de personas.

“Los que formulan política deberían rechazar la dañina propuesta de Thompson y utilizar la próxima ley agrícola para hacer la transición completa de PuertoRico a SNAP para atender mejor las necesidades alimentarias en el territorio, que tiene una de las tasas de pobreza más altas del país”, indicó el puertorriqueño Javier Balmaceda, analista del CBPP.

Por medio del TFP – Thrifty Food Plan-, se revisa el costo de una dieta nutritiva y de bajo costo para una familia de cuatro personas, y se utiliza como factor principal, más allá de la inflación, para determinar los aumentos en los beneficios generales del SNAP y, en Puerto Rico, del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

Thompson – quien ha dicho que el gobierno de Puerto Rico puede trabajar en una una potencial transición al SNAP sin necesidad de legislación federal-, ha indicado que espera presentar su anteproyecto para reautorizar la ley agrícola y llevarlo a votación antes del receso legislativo del Día de los Caídos en la Guerra, que empieza el 24 de mayo.

“Es fundamental que el proyecto de ley agrícola proteja al SNAP de recortes y cambios de política pública perjudiciales, incluida la propuesta del presidente Thompson, que debilitaría la capacidad del programa para cumplir su misión principal”, indicaron Katie Bergh y Lauren Hall, analistas del CBPP.

El líder de la minoría demócrata del Comité de Agricultura, David Scott (Georgia), por su parte, ha afirmado que los republicanos de la Cámara de Representantes “están abandonando el bipartidismo para seguir la misma estrategia ideológica partidista que llevó a que fracasaran en el hemiciclo, en 2014 y 2018, los proyectos agrícolas”.

“Continúan insistiendo…en recortes draconianos para los beneficios futuros de SNAP, recortes que les he advertido repetidamente ponen en peligro el respaldo de los demócratas al proyecto agrícola”, indicó Scott, en un artículo de opinión en la publicación AgriPulse.

Scott sostuvo que la contradicción es mayor si se tiene en cuenta que los republicanos no solo no podrán imponer sus intereses en el Senado, controlado 51 a 49 por el caucus demócrata, sino que prevé que tampoco tendrían votos suficientes en su conferencia de la Cámara de Representantes para poder aprobar un proyecto sin los demócratas.

En 2021, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos – autorizado por la ley agrícola de 2018-, aprobó un aumento de 21% en los fondos de asistencia nutricional, incluido el PAN, tras revisar el cálculo del TFP, por encima de la inflación.

Para Puerto Rico, a partir del año fiscal federal 2022, eso representó un aumento de $463 millones anuales en el PAN, que beneficia a 1.4 millones de personas en la Isla.

Thompson ha dicho que “sin lugar a dudas, aprobaremos un proyecto de ley agrícola antes del Día de los Caídos en la Guerra”.

El congresista boricua Darren Soto (Florida), quien forma parte del Comité de Agricultura, ha asegurado que la minoría demócrata presionará para que se incluya en la próxima ley agrícola lenguaje que permita vincular al gobierno federal con un proceso de transición en Puerto Rico al SNAP o se otorgue un aumento en los fondos del PAN, que ahora rondan los $2,900 millones anuales.

“La pregunta es si logramos una mejora (para Puerto Rico) en la base del texto del proyecto de ley que se presente o si tenemos que forzar una votación sobre una potencial enmienda”, indicó Soto, en una entrevista reciente con El Nuevo Día.

Aunque Thompson prevé aprobar su proyecto el mes próximo, Soto todavía apuesta a que eso no ocurrirá hasta julio, debido a la falta de consenso. Soto, además, considera que el peso en el contenido de la próxima ley agrícola lo tendrá el Senado.

En el Senado, la presidenta del Comité de Agricultura, Debbie Stabenow (Michigan), ha indicado que aún hay acuerdos para presentar su proyecto de ley y que hay oposición republicana a incluir a Puerto Rico en el SNAP. Mientras, el líder de la minoría en esa comisión, el senador republicano John Boozman (Arkansas), prevé presentar un marco de trabajo sobre lo que debe ser la próxima ley agrícola, una vez Thompson presente su propuesta.

Además de la oposición de republicanos a la integración de Puerto Rico al SNAP, el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, ha puesto en duda que el gobierno puertorriqueño pueda estar listo este verano para iniciar una transición formal a ese programa.

Un estudio encomendado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos consideró que un proceso de transición del PAN al SNAP puede tomar cerca de una década y aumentar las asignaciones de asistencia alimentaria a Puerto Rico a $4,500 millones anuales, unos $1,600 millones anuales más que actualmente.

Bajo el SNAP, el gobierno de Puerto Rico tendría que imponer requisitos de trabajo para personas que tienen de 18 a 54 años y puedan hacerlo.