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En lugar de referir el caso al Departamento de Justicia para una investigación –como abogaron cuatro de los comisionados de los cinco partidos políticos inscritos–, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) realizará una pesquisa interna, a cargo de un comité, sobre el alegado uso del registro electoral para fines no autorizados.

La moción para que Justicia investigara fue propuesta por la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte, y secundada por sus homólogos del Partido Popular Democrático (PPD), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Proyecto Dignidad. La comisionada del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, votó en contra.

El pedido de investigación surgió luego de que el senador Thomas Rivera Schatz, del PNP, divulgara información electoral y privada de periodistas y del elector Guillermo Castellanos Diloné, quien denunció no haber votado en las elecciones de 2020, pero, pese a ello, la CEE lo colocaba haciéndolo.

Aponte argumentó que se violentó el Artículo 12.9 del Código Electoral sobre “Uso ilegal de información del Registro Electoral”. “El Código Electoral es bien específico sobre el uso que se le da a la información del registro electoral. Y el uso que le da el senador no es correcto. ¿Cómo se usa información de la CEE para intimidar, difamar, perseguir e insultar electores?”, cuestionó, en entrevista con El Nuevo Día.

Ante el disenso de los comisionados en torno a la moción, la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, decidió la controversia. Pese a que se solicitó, Padilla Rivera no estuvo disponible este miércoles para entrevista.

El Nuevo Día supo que, en medio de la reunión con los comisionados electorales, Padilla Rivera determinó dejar el asunto en manos de la CEE, lo que fue objeto de discusión.

“Tradicionalmente, la CEE trabajaba cada querella que se presentaba. Se refería para crear un comité de querellas. Eso se hacía aquí, con representación de todo el mundo. Eso cambió con las determinaciones recientes de la presidenta”, dijo el comisionado del PIP, Roberto Iván Aponte.

Apuntó, específicamente, a que, en esta ocasión, Padilla Rivera no actuó de la misma forma que en el caso del supuesto fraude con endosos para las primarias del 2 de junio. En ese caso, la presidenta alterna refirió los antecedentes a la Policía, que, tras investigar, lo remitió a Justicia. Pero ahora, ante el pedido del MVC, optó por dejar el asunto al interior de la CEE.

“No hay consistencia. Aquí, hay que ser consistente. Hubo querellas de endosos fraudulentos, donde no se nombró comité investigativo. De hecho, la misma presidenta fue quien lo refirió a las agencias pertinentes, sin que nosotros supiéramos que había una radicación de querella (ante la Policía). Hay que ser consistente con las determinaciones”, afirmó, entretanto, la comisionada electoral del PPD, Karla Angleró.

Además, los comisionados del PPD, PIP y MVC, en entrevistas separadas, calificaron de “atropellada” la discusión de la moción.

“Siempre se inclina la balanza hacia el PNP. En esta ocasión, hubo dos votaciones, ambas 4-1, a favor de la moción y, sin embargo, se decidió en contra de la mayoría”, indicó Aponte, del MVC.

“No hubo orden en el momento en que se llevó este asunto. Tratábamos de sintetizar y volvíamos a perder el orden de lo que se estaba pidiendo”, agregó Angleró.

Los comisionados indicaron que, luego de la moción de Aponte, Padilla Rivera argumentó que debían dejarse llevar por el “Reglamento para la Tramitación de Querellas sobre Infracciones al Ordenamiento Electoral”, de la CEE. Mencionó, presuntamente, que era necesario una querella para llevar el caso ante Justicia e insistió, supuestamente -pese a que no era parte de la moción-, en elevar también a Justicia los alegatos de Rivera Schatz sobre fraude electoral.

Los comisionados agregaron que lo anterior provocó la segunda votación, con el mismo resultado de 4-1, excluyendo los alegatos del senador y con una querella juramentada.

“La controversia planteada sobre la utilización, por parte de cualquier persona, de información privilegiada y confidencial del registro electoral en las redes sociales requiere una seria investigación interna en la CEE”, planteó el comisionado pipiolo.

Por su parte, la comisionada del PNP declaró a El Nuevo Día que se opuso a la moción porque, a su juicio, incumple con el reglamento y se sometió “contrario a derecho”, porque no se notificó a las personas y, al momento de llevarla a discusión, no se le entregó copia a ella y “sí al resto de los demás partidos”.

“Esto es parte de un discrimen por represalia en contra de un funcionario electo que hizo una denuncia pública sobre una posible violación a la Ley Electoral”, sostuvo Santo Domingo.

Aponte, del MVC, ripostó que, en medio de la discusión de la moción, reiteró que no era un asunto personal ni en contra del senador.

Entretanto, Castellanos Diloné contó a este medio que optó, el pasado lunes, por acudir ante las autoridades federales, con el fin de que investiguen su caso.

La CEE no dio una explicación concluyente al elector, al indicar que el material electoral de 2020 fue decomisado y que verificar la información requería de un análisis “forense” que se haría, pero tomaría tiempo y hasta podría no arrojar resultados.

“Ellos dijeron que eso era corrupción gubernamental porque están falseando datos. Quiero que esto se esclarezca”, exigió el hombre.