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La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, dejó sin efecto una pesquisa interna que había autorizado, en la que se solicitaba el envío de un referido al Departamento de Justicia para investigar supuestas infracciones al Código Electoral.

La determinación generó malestar en las comisionadas electorales del Partido Popular Democrático (PPD) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Karla Angleró y Lillian Aponte, respectivamente, quienes cuestionaron por qué Padilla Rivera resolvió un asunto que no se le pidió.

Además, dijeron, por separado, que el tema debe ser discutido nuevamente en el pleno e, incluso, no descartaron acudir directamente a Justicia.

“Se declara ha lugar la solicitud de reconsideración presentada por la señora comisionada del PNP (Partido Nuevo Progresista, Vanessa Santo Domingo) por falta de jurisdicción en la materia”, concluyó la presidenta alterna de la CEE.

La moción original fue presentada por Aponte, con el objetivo de que la CEE remitiese a Justicia la denuncia del alegado uso del registro electoral para fines no autorizados, luego de que el senador Thomas Rivera Schatz divulgara información electoral y privada de un periodista, de otros tres votantes, así como del elector Guillermo Castellanos Diloné, quien denunció no haber votado en las elecciones de 2020, pero, pese a ello, la CEE lo colocaba haciéndolo.

La petición de la comisionada electoral del MVC fue respaldada por sus homólogos del PPD, Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Proyecto Dignidad. Pero, Santo Domingo se opuso y Padilla Rivera resolvió, entonces, hacer una pesquisa interna.

Posteriormente, Santo Domingo argumentó –en una solicitud de reconsideración– que la CEE “carece de jurisdicción para atender el asunto”, un planteamiento que fue acogido por la presidenta alterna.

Padilla Rivera concluyó que, en el caso de Castellanos Diloné –a quien la CEE no le ha dado una explicación determinante–, “fue el mismo elector quien renunció a su privacidad o confidencialidad de su información electoral” al hacer un vídeo para El Nuevo Día, en el que coloca en la plataforma de la CEE su número electoral.

En cuanto a la divulgación de información electoral de periodistas, Rivera Padilla estableció que, tras un “análisis minucioso” de la CEE, “las imágenes publicadas por el senador” no salieron de algún sistema del ente electoral.

En ambos casos, la resolución señala que “no encontramos fundamento en derecho para promover la investigación de alguna violación al ordenamiento electoral”.

La comisionada electoral del MVC indicó que “eso no fue lo que nosotros pedimos. Pedimos que se refiriera a Justicia”. Además, destacó que no se refería a imágenes, sino a contenido: datos electorales que la CEE custodia.

“Más allá que es incorrecta, (la resolución) es preocupante e interfiere en lo que es el debido proceso. La presidenta resuelve que no tiene jurisdicción, pero, al mismo tiempo, entra en detalles de lo que podía ser una investigación a la querella sometida e, inclusive, toma decisiones sobre ella. Así que es bien peligroso lo que hizo la presidenta”, afirmó Aponte.

“Se ve un miedo a enfrentar al partido que la nombró. Todos quedamos un poquito perplejos”, agregó.

Angleró reiteró, en tanto, que su voto “fue a favor del referido”. Además, contrastó la rapidez con la que se atendió la petición de reconsideración, cuando otros asuntos demoran en ser resueltos. “Ella dice que no tiene jurisdicción para investigar, pero ella investiga”, sostuvo.

El comisionado electoral del PIP, Roberto Iván Aponte, opinó que, “a mí, me parece un error de juicio enorme. Una investigación que tenía que llevar a cabo el comité de querella, básicamente ella la hizo”, criticó.

Nelson Rosario, comisionado electoral de Proyecto Dignidad, no quiso hacer comentarios.