Washington D. C. – El Concejo Municipal de San Luis (Misuri) aprobó este viernes una resolución que exhorta al Congreso de Estados Unidos y a la Legislatura de Puerto Rico a revocar los beneficios contributivos de la antigua ley puertorriqueña 22 de 2012.

“Exhortamos al Congreso de Estados Unidos a cerrar el hueco contributivo de la Ley 22″, indica la medida, de la autoría de la concejal puertorriqueña Daniela Velázquez.

Es el segundo concejo municipal de una ciudad de Estados Unidos – el primero, en enero, fue Chicago-, que aprueba una resolución para solicitar al Congreso estadounidense, que tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico, que derogue ese estatuto.

La resolución adoptada por el Concejo Municipal de San Luis indica que la antigua Ley 22 “ha fracasado abrumadoramente en su objetivo de fomentar inversiones positivas y desarrollo económico en Puerto Rico”.

En un país con un 41% de pobreza, ese estatuto ha generado “un mercado de especulación explotador en el que inversionistas libres de impuestos obtienen enormes ganancias a expensas de los puertorriqueños que intentan costear una vivienda” y generan muy pocos empleos, agregó la resolución.

En enero, el Concejo Municipal de Chicago aprobó una resolución parecida de la concejal municipal boricua Jesse Fuentes, quien representa el barrio puertorriqueño de la ciudad.

Bajo la antigua Ley 22, ahora parte de la Ley 60 de 2019 conocido como el “Código de Incentivos de Puerto Rico”, el gobierno de la isla otorga una exención total del pago de impuestos sobre ciertos ingresos pasivos a personas que no vivieron en Puerto Rico entre 1997 y 2012 y que decidan mudarse a la isla, al menos, 183 días al año.

En noviembre pasado, una docena de congresistas, encabezados por la puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York), solicitó al Servicio de Rentas Internas (IRS) que provea información al público sobre los esfuerzos que lleva a cabo para asegurar que los beneficiarios de la antigua Ley 22 de Puerto Rico cumplen con las normas del estatuto.

En momentos en que investiga a cerca de un centenar de beneficiarios del estatuto, el IRS rechazó dar información sobre sus auditorías a la coalición Puerto Rico no se vende, que encabeza el Centro para la Democracia Popular.

Mientras, los congresistas demócratas Jesús “Chuy” García y Delia Ramírez, ambos electos por distritos de Chicago en Illinois, y Cori Bush (Misuri) han ofrecido mensajes en el hemiciclo en contra de la antigua Ley 22.

Bush es representante de los residentes de San Luis en la Cámara baja estadounidense y la resolución del Concejo Municipal hace alusión a su mensaje del mes pasado.

“San Luis y yo nos levantamos hoy en solidaridad con el pueblo puertorriqueño. Puerto Rico se ha visto perjudicado durante mucho tiempo por su condición de territorio estadounidense. Un ejemplo de esto es lo que se conoce como Ley 22. Esta política permite a las personas que se mudan a Puerto Rico no pagar impuestos locales sobre sus dividendos, ganancias de capital y ciertas inversiones. Como era de esperarse, los ricos se han beneficiado de esta política, mientras el pueblo puertorriqueño tiene que lidiar con los daños”, indicó entonces Bush.

Para la congresista Bush, una de las más liberales de la minoría demócrata cameral, “debido a la Ley 22 Puerto Rico perderá aproximadamente $4,500 millones en ingresos tributarios entre 2020 y 2026, y ya estamos viendo como se han disparado los precios de los alquileres y un aumento en los desplazamientos”.