Washington D.C. – El Servicio de Rentas Internas (IRS) ha negado información a miembros del Congreso y activistas sobre las auditorías que tienen en marcha sobre el centenar de beneficiarios de la antigua ley 22 de Puerto Rico que pueden haber incumplido con el estatuto.

La negativa a ofrecer información sobre el estatuto levantó de inmediato denuncias de la congresista demócrata Nydia Velázquez y del Centro para la Democracia Popular (CDP) que hizo el reclamo original a través de la ley federal de libertad de información (FOIA).

En su respuesta al CDP, el IRS informó el pasado 27 de marzo – justo un año después de pedírsele la información-, que identificó 3,306 páginas relacionadas a la solicitud, pero que no entregará ninguna, pues considera que se trata de información tributaria excluida de la ley FOIA.

Tras la decisión del IRS, que también le envió una carta a Velázquez el pasado día 28, la congresista afirmó que aunque entienden que “existe información confidencial de los contribuyentes que debe protegerse, creemos que existen alternativas para informar al público sobre cómo el IRS está trabajando para tomar medidas enérgicas contra las personas con altos ingresos que no pagan su parte justa”.

“La destrucción que la (antigua) ley 22 ha causado a las comunidades puertorriqueñas no tiene precedentes. Puerto Rico no es el mismo hoy que hace sólo unos años. Estamos viendo desplazamientos, desarrollo imprudente y abandono de propiedades, incluso en zonas remotas de la isla. Más allá de los impactos locales de la ley, el gobierno federal también está perdiendo ingresos críticos. Me alentó ver que el IRS se ocupaba por este tema, pero las acciones recientes de la agencia son un enorme revés. Se ha aplicado una capa adicional de secreto a una ley que claramente no está funcionando como se esperaba”, dijo Velázquez, al subrayar que el estatuto “está perjudicando nuestra economía y el público debería saber qué está haciendo el gobierno federal para detenerla”.

Bajo la antigua ley 22, ahora parte de la Ley 60 de 2019, el gobierno de la isla otorga una exención total del pago de impuestos sobre ciertos ingresos pasivos a personas que no vivieron en Puerto Rico entre 1997 y 2012, y que decidan mudarse a la isla, al menos, 183 días al año.

Junto a una docena de congresistas, incluidos los también boricuas por Nueva York Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres, Velázquez solicitó al IRS que cumpliera con la petición de información de la coalicion Puerto Rico No Se Vende – que encabeza el CDP.

Para el CDP, el IRS demuestra falta de transparencia en torno a un asunto de interés público.

“Es completamente inaceptable que el IRS no esté dispuesto a compartir ninguna información sobre sus esfuerzos de auditoría con respecto a los beneficiarios de la Ley 22, ni siquiera información tan básica como el número de auditorías realizadas como parte de la campaña, o incluso si la campaña aún está en curso”, señaló Marlyn Goyco García, portavoz del CDP.

Para Goyco García, “por muy frustrante que fue recibir esta ‘respuesta’, es particularmente preocupante que la respuesta del IRS al Congreso tampoco contiene información específica sobre los esfuerzos del IRS”.

Hace dos años, el IRS reconoció entonces que 647 de los 2,232 beneficiarios del estatuto habían pagado $557.9 millones al gobierno federal cinco años antes de mudarse a Puerto Rico, lo que puede reflejar una parte del ingreso que dejan de recibir.

Por tal razón, los congresistas consideraron “esencial comprender hasta qué punto el IRS y el Departamento de Hacienda de Puerto Rico están monitoreando a los individuos y empresas estadounidenses que reclaman beneficios tributarios bajo la ley 60, particularmente, porque el número de beneficiarios de la ley 22/ley 60 continúa creciendo exponencialmente”.

El IRS ha anunciado que ha identificado a cerca de un centenar de millonarios –beneficiarios de decretos tributarios en Puerto Rico– que pueden haber reclamado ilegalmente residir en la isla para no pagar impuestos a nivel federal, o reducir esa carga contributiva.

La agencia federal ha llevado a cabo una auditoría por más de tres años y adelantado que muchas de las personas ya identificadas enfrentarán una investigación criminal.

En marzo pasado, la Oficina de Contraloría General (GAO) cumplió sobre el terreno, en Puerto Rico, con la solicitud de cuatro congresistas demócratas - el líder de la minoría en el Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva (Arizona), Velázquez, Ocasio Cortez y Torres-, para que examine el impacto de los beneficios de la antigua Ley 22 en la economía y los ingresos del gobierno federal.