En vísperas de que venza el término para radicar las planillas de contribución sobre ingresos en Puerto Rico, es responsabilidad de cada ciudadano cumplir con su aportación al presupuesto general del país, lo mismo que es responsabilidad del gobierno hacer el mejor uso de los recaudos en beneficio del mayor interés público.

Al primero de abril, los ciudadanos habían sometido 893,994 planillas al Departamento de Hacienda, 79,750 más que las radicadas el año pasado a la misma fecha. Esto muestra un alto sentido de compromiso público con nuestro desarrollo social y económico. De hecho, la cifra ponía más cerca el cumplimiento de las proyecciones de Hacienda, que cuenta con recibir un millón de planillas este año contributivo. Se han aprobado más de $1,300 millones en reintegros, una cifra calificada como histórica. Por otro lado, 507,893 contribuyentes habían reclamado el crédito por trabajo aprobado para este año.

A quienes están aún en proceso de cumplir con su deber, les conviene asegurarse de que la prisa no sea piedra de tropiezo para caer víctima de las múltiples modalidades de fraude, frecuentes para estas fechas. El Servicio federal de Rentas Internas ha advertido a las personas que eviten responder mensajes no solicitados que, en ocasiones, ofrecen ayudas para tramitar reembolsos, créditos u otros supuestos beneficios. Mejor esperar que dejarse llevar por la ansiedad de querer conocer cuánto reembolso u otros beneficios recibiría, si alguno.

Lo recomendable es que acuda a su profesional certificado de confianza o a los centros especializados provistos por el gobierno. El Departamento de Hacienda habilitó centros de preparación y radicación de planillas electrónicas en Caguas, Carolina, Mayagüez, Ponce y San Juan. En esos centros puede recibir también asistencia para solicitar, por ejemplo, el Crédito Adicional por Hijos, a través del Formulario 1040-SS.

Por su parte, corresponde al gobierno recordar que cada centavo que recibe es fruto del esfuerzo y, con frecuencia, de muchos sacrificios que hacen los contribuyentes para cumplir con la ley. Esos esfuerzos tienen que ser reciprocados con una administración pulcra y eficiente traducida en mejores servicios y condiciones de vida.

Los tiempos exigen del gobierno prioridades claras para acelerar el desarrollo económico y social, agilidad con las obras de reconstrucción y, sobre todo, rigor fiscal. Tan reciente como esta semana, la Junta de Supervisión Fiscal solicitó a la administración del gobernador Pedro Pierluisi información sobre los aumentos salariales y otras transacciones relacionadas con el personal de confianza de las agencias, realizadas en los pasados 180 días. El organismo indicó que el plan de clasificación y retribución para el personal de confianza es un documento en desarrollo que entrará en vigor el 1 de julio.

Es insostenible que el gobierno persista en la cultura de engrosar con simpatizantes políticos las capas de burocracia en las agencias a expensas, por ejemplo, de materiales y recursos que urgen en las escuelas o de servicios apremiantes para la población menor y los adultos mayores. Hay que trazar con claridad los límites entre el Estado y el campo partidista, pues el erario es fruto del conjunto ciudadano y al mismo debería retornar sin distinciones.

Puerto Rico hoy tiene recursos abundantes, ha puesto en orden la mayoría de sus obligaciones y debe cumplir con las imposiciones de la Ley Promesa. Queden atrás las mañas presupuestarias, para sacar al país del estado de excepción que mantiene activa a la Junta de Supervisión Fiscal.

En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el pasado 2 de abril, el gobernador manifestó que hay 120,000 empleos más en Puerto Rico que hace tres años. Aspiremos a que sean más cada vez, de manera que se amplíe la base de contribuyentes en condiciones de equidad para todos. Es deber compartido del gobierno y los ciudadanos dejar a las generaciones futuras un país con mejor infraestructura y servicios que les permitan crecer y criar a sus familias aquí, junto a los suyos.