Abraham Rivera, quien ha visto un incremento en los gastos de atención médica de su hijo, mantiene la esperanza de que el gobierno federal no apele ante el Supremo de Estados Unidos la decisión SSI. (vanessa.serra@gfrmedia.com)
La demanda de clase fue sometida a nombre de Emanuel Rivera Fuentes, quien por años ha estado al cuidado de su padres, Abraham Rivera. (vanessa.serra@gfrmedia.com)

Una demanda de clase federal escaló a un nuevo nivel el reclamo de residentes de Puerto Rico por acceso al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

Además de solicitar que se declare el derecho a recibir el SSI en la Isla, la demanda reclama para los miembros de la clase afectada una compensación de $7,200 millones por daños y otros $7,200 millones en pagos retroactivos.

La demanda va contra la Administración del Seguro Social (SSA) y sus principales funcionarios, que administran el SSI, por excluir de forma “sistemática” a los residentes de Puerto Rico del beneficio para personas con discapacidades.

Asimismo, denuncia que, pese a decisiones de dos jueces en Puerto Rico y un panel apelativo en Boston en contra de la exclusión, el SSI todavía no está disponible para residentes de la Isla, sino solamente para los que viven en los 50 estados de Estados Unidos, así como en Washington D.C. y las Islas Marianas del Norte.

La demanda sometida por la licenciada Isabel Abislaimán Quílez está a nombre del ciudadano Emanuel Rivera Fuentes y solicita ser certificada como una “acción de clase” en representación de todos las personas que son elegibles para el SSI en Puerto Rico si no fuera por la exclusión por razón de residencia.

De ser certificada, además de la compensación por daños y pagos retractivos, la demanda solicita que se declare que el SSA tiene “el deber de proveer de forma prospectiva al demandante y a los miembros de la Clase la asistencia de $783 por mes”.

Según la demanda, un informe Oficina del Contralor de Estados Unidos (GAO) estimó en el 2011 que entre 305,000 a 354,000 personas podrían ser elegibles para el SSI, lo que representaría $1,500 millones a $1,800 millones en asistencia para residentes de Puerto Rico.

Sin embargo, la demanda considera que esa población pudiera haber alcanzado la cantidad de 726,000 personas en el 2016, según un estudio que publicó la Universidad Cornell en el 2018.

¿Quién es Emanuel Rivera Fuentes?

Según la demanda, Rivera Fuentes nació en 1986, es residente de Toa Alta y padece de varias condiciones de salud, que evitan que pueda trabajar, por lo que es elegible para el SSI.

El Nuevo Día entrevistó a su padre, Abraham Rivera, en mayo de 2019, cuando fue una de las primeras personas en solicitar el SSI después de la decisión del caso de Vaello Madero.

En ese caso, en febrero de 2019, el juez Gustavo Gelpí falló a favor de un hombre demandado por el gobierno federal para que devolviera los pagos del SSI que había recibido en Puerto Rico cuando se mudó desde Nueva York.

Rivera dijo en aquel momento que había solicitado el SSI para el bienestar de su hijo y su hija mayor, Brenda, también con discapacidad. En otra entrevista, este año, Rivera informó a El Nuevo Día que su hija falleció, mientras esperaba con ansias que el gobierno federal no buscara apelar la decisión de Vaello Madero, pero sí lo hizo y ahora el caso está ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

“No lo estoy pidiendo por mí, sino por mis hijos y mi familia”, expresó Rivera a El Nuevo Día en mayo de 2019, al recordar los gastos relacionados a la atención a sus hijos y que tuvo que dejar de trabajar para cuidarlos cuando su esposa se enfermó.

“La situación es bien complicada. Todo sube, sube… Los deducibles son exorbitantes de altos, además de que sube la gasolina, los alimentos, la luz y el agua… Es bien difícil, porque ellos necesitan medicamentos de mantenimiento que no se pueden dejar”, manifestó.

Rivera acudió a las oficinas del SSA en mayo de 2019 en Toa Alta, donde le informaron que el beneficio del SSI no estaba disponible para los residentes de Puerto Rico.

Ante su insistencia, el empleado le tomó la información y mediante cartas posteriores el SSA le informó que su hijo no era elegible, indicando que “el beneficio del SSI no se paga en Puerto Rico”.

“Los hechos ocurrieron mientras” el caso de Vaello Madero “era la ley en control y claramente establecida”, sostiene la demanda.

Rivera insistió, pero en julio de 2020 el SSA le contestó indicando que “le enviamos una carta diciendo que íbamos a revisar su caso de discapacidad. Sin embargo, no tenemos que revisar su caso en este momento. Así que no contactaremos a su doctor ahora. Mantendremos cualquier información que nos haya dado. Lo contactaremos después si necesitamos revisar su caso”.

La demanda alega que "el SSA no tiene un mecanismo comprensivo para proveer remedios significativos al demandante contra sus decisiones”.

“El SSA denegó sistemáticamente las solicitudes y reconsideraciones solamente a base de su residencia”, y cualquier intento de un “procedimiento administrativo es fútil”.

DEMANDA DE “CLASE”

Otras demandas individuales se han sometido con reclamos similares, como una a nombre de Arnold Jay Ruiz Avilés, que fue la primera radicada en el tribunal federal de San Juan por un residente de Puerto Rico a raíz de la decisión de Vaello Madero.

Sin embargo, previo a la resolución del caso de Vaello Madero también se estaba ventilando judicialmente el caso de “Peña Martínez”, atendido por el juez “visitante” de Massachusets, William Young.

Luego, en agosto pasado, Young no sólo resolvió de forma similar a Gelpí, declarando inconstitucional la exclusión del SSI y otros programas federales , sino que además “ejerció su autoridad para proveerlo” a todo Puerto Rico y reconoció que el beneficio tenía que estar disponible “a toda la clase” más allá de los nueve demandantes del caso de “Peña Martínez”, destaca la nueva demanda.

“El SSA admite que continúa negando sistemáticamente el SSI a todos los solicitantes residiendo en Puerto Rico y afirmó que lo continuará haciendo pese a la decisión de Vaello Madero”, destaca la demanda.

“La consecuencia directa de que el demandante y la Clase fueran excluidos de la asistencia del SSI por parte de los demandados creó y continúa creando dificultades para miles de familias y hogares en Puerto Rico”, agrega.

Asimismo, señala que Rivera Fuentes es parte de una “Clase” que debe ser “compensada por los demandados por los cuidados médicos a corto y largo plazo, terapias y tratamientos físicos, emocionales y mentales, medicamentos, rehabilitación de emergencia, facturas médicas o inhabilidad de obtenerlos por falta de la asistencia del SSI”.

En la demanda se establece que el demandante presenta el recurso por él y por los demás situados en una situación similar.

En la demanda definen la “Clase” como “todas aquellas personas que han residido o residen en Puerto Rico y en donde o son elegibles al SSI, pero que sistemáticamente les han evitado solicitarlo bajo la amenaza de multas o encarcelamiento o las dos, excluidos de solicitar y/o negado el beneficio del SSI y/o denegado remedios administrativos por el SSA, debido a su status de residentes de Puerto Rico”.

La alusión a encarcelamiento y multas se refiere a las penalidades a las que “se exponen” los residentes de la Isla si realizan la solicitud a través de la página de Internet del SSA.

VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES

Además de alegar violaciones a la “Igual Protección de las Leyes” que también se expusieron en los casos de Vaello Madero y Peña Martínez, en esta nueva demanda se alegan denuncias por el derecho al “Debido Proceso” contenido en la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Por un lado, considera que Rivera Fuentes no tuvo la misma protección de las leyes que residentes de Estados Unidos porque el SSA impidió acceso al beneficio del SSI, pese a que ya había un fallo judicial que declaró inconstitucional que los residentes de Puerto Rico fueran excluidos.

Mientras, el recurso legal incluye la denuncia de que el sistema del SSA viola el derecho al Debido Proceso por la negación “deliberada” de mecanismos poder someter solicitudes y pedir reconsideraciones de rechazo a beneficios del SSI.

Plantea que esa negativa es “arbitraria y caprichosa, y un uso ilegal del poder con la única intención de causar opresión y hostigamiento a los ciudadanos más vulnerables de la nación”.

La tercera violación imputado en la demanda es una causa de acción directa contra el comisionado del SSA, Andrew Saul, y la subcomisionada de esa agencia, Nancy A. Berryhill.

El cargo contra ambos, conocida como “Bievens”, se levanta en demandas contra oficiales federales cuando se que violaron derechos constitucionales mientras ejercen el poder de los cargos que ocupan.

“Debido a que los demandados insisten en hacer cumplir disposiciones inconstitucionales, también están violando el derecho al Debido Proceso del demandante porque no hay proceso ‘de facto’ que el demandante pueda agotar”, afirma la demanda.