Un día después de haber celebrado su cumpleaños, Sheila Nevárez Chiclana, recibió la dolorosa noticia de que su hijo, Javier Cordero Nevárez, de 16 años, fue asesinado, a manos de agentes de la Policía, durante una intervención en Puerto Nuevo, en San Juan.

Desde ese momento, la noche del 1 de agosto de 2022, han pasado casi dos años, pero Nevárez Chiclana no pierde la esperanza de que se hará justicia, pues está totalmente convencida de que los agentes involucrados en el incidente incurrieron en un acto de abuso policíaco.

“Los policías acribillaron a mi hijo. Ellos no lo detuvieron. Ellos no le leyeron sus derechos. Ellos fueron directamente a disparar. Fueron 64 impactos y 15 que le ocasionaron la muerte”, expresó Nevárez Chiclana, en una entrevista con El Nuevo Día en Santurce.

Las declaraciones de la progenitora del joven, estudiante participante al Programa de Educación Especial, surgen a solo horas de que la jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinara no causa para arresto contra los sospechosos del crimen.

“(Estoy) sorprendida, triste. No pensé que no fueran a encontrar (causa por los) cargos habiendo evidencia”, indicó Nevárez Chiclana. “Estoy esperanzada de que el 30 de este mes se vuelva a ver la vista (de Regla 6 en alzada) y se encuentre causa”, mencionó.

Sobre la versión de la Policía, que señala el joven andaba en una guagua que había sido robada, con sistema GPS, de la urbanización Villa Fontana en Carolina, Nevárez Chiclana catalogó la información como errónea.

“Mi hijo estaba conmigo ese domingo, cuando se roban esa guagua, celebrando mi cumpleaños. Me lo matan el día después de mi cumpleaños. En ningún momento ellos lo detuvieron, y si mi hijo en verdad hubiera usado esa guagua como un arma letal, como ellos están queriendo hacerle ver a todo el mundo, los tiros hubieran sido de frente o de espalda, pero los tiros fueron de lado hacia el conductor”, mencionó.

“Esa guagua no tenía gravamen ni hurto, no estaba reportada como robada, se hizo el reporte después de que asesinaron a mi hijo. Ayer desfiló (en el tribunal), como parte de la prueba, que mi nene no tenía conocimiento que esa guagua era robada”, aseveró a este medio.

Describió este proceso como uno “fuerte, agotador (y) cansoso (sic)”. “Pensé que ayer iba a haber un poco de justicia para nosotros poder tener un poco de tranquilidad, pero no. No hay justicia. Por eso estoy confiada en que el día 30 (de abril en la vista de Regla 6 en alzada)”, dijo.

Nevárez Chiclana hizo un llamado al próximo juez que atienda el caso para que “observe bien las pruebas, que vea bien la investigación, que hubo una recreación de escena, más las fiscales tienen evidencia de que sí, ellos son responsables de la muerte de mi hijo, que por favor que hagan justicia”.

“Mi hijo era un niño estudiante del Departamento de Educación, del Programa de Educación Especial. Era un nene tranquilo, no era agresivo, no tenía problemas en la calle, no era un criminal como ellos han querido hacerle ver a todo el mundo. Era un niño de 16 años. No tenía gangas ni nada por el estilo. Iba a la escuela y tenía una vida normal como cualquier otro joven”, precisó la madre.

El Departamento de Justicia formuló cargos de asesinato, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas contra los agentes Giovanny Santiago Avilés, Roseanne Ruiz Cisneros, Félix De Jesús Abreu, Luis Vélez Mari, Kevin Omar Meléndez Monsegur y Paola Farías Santiago.

Contra Ruiz Cisneros se radicaron tres cargos por asesinato en primer grado, disparar en una vía pública y por apuntar y disparar un arma de fuego. Mientras que, Santiago Avilés, De Jesús Abreu y Vélez Mari también enfrentaban tres cargos cada uno, en su caso por tentativa de asesinato, disparar en una vía pública y por apuntar y disparar un arma de fuego.

Meléndez Monsegur y Farías Santiago enfrentaban dos cargos cada uno por disparar en una vía pública y por apuntar y disparar un arma de fuego.

Por su parte, la hermana del joven asesinado, Melanie Cordero Nevárez, dijo que “es fuerte, es un proceso triste, frustrante, no poder hacer mucho, esperar a que el gobierno de Puerto Rico haga justicia. Es un poco difícil, pero tenemos fe y esperanza de que ese 30 de abril radiquen cargos”.

Asimismo, Mari Mari Narváez, directora de la organización Kilómetro 0, se expresó sorprendida ante la determinación de no causa para arresto.

“¿Cómo no puede haber una intención criminal cuando tú tienes siete policías disparándole a un muchacho desarmado dentro de un carro más de 60 balas? ¿Cómo eso puede ser otra cosa que no sea la intención de matar al muchacho?”, cuestionó Narváez a este medio.

“Y, además, el Estado tiene prueba de que esto fue una ejecución. Ellos tienen esa prueba. Ahora, tienen que presentarla efectivamente. Ellos fueron allí con unas declaraciones juradas. Espero que en la vista en alzada lleven a los testigos que tienen”, agregó la portavoz de la entidad.

Además, denunció que el sistema judicial protege a sus miembros y a los policías, una denuncia que lleva haciendo durante años. “Llevamos años diciendo que aquí la Policía tiene licencia para matar y eso es lo que estamos evidenciando. Lamentablemente, lo que hemos dicho se sostiene”, dijo.

Por su parte, el presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Puerto Rico, José Rodríguez, lanzó una convocatoria para que el próximo 30 de abril, a las 8:30 a.m., las personas que hayan perdido un familiar bajo estas circunstancias acudan al Centro Judicial de San Juan.

“La Policía vuelve de nuevo a retroceder en lo que creíamos que se había avanzado”, acotó. “’Vemos de nuevo cómo la Policía vuelve a asesinar, a ejecutar personas, amparándose en que le dio la gana de asesinar este joven y ahora vemos esta familia como tantas otras sufriendo”, sostuvo.

Rodríguez pidió al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y a la Fiscalía federal a que realicen una investigación sobre estos hechos. Mientras, en el Tribunal federal continúa su curso una demanda civil presentada por la progenitora del menor asesinado.