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La precandidata al Senado del Partido Popular Democrático (PPD), Ada Álvarez Conde, propuso este domingo la paralización de los programas de desvío para personas convictas por el delito de violencia de género, así como la designación de un monitor independiente al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

“Estamos en un estado de emergencia por violencia de género en el país y tenemos un sistema que no funciona atendiendo al feminicida y agresor. Es hora de que pongamos atención”, dijo la precandidata, durante una conferencia de prensa desde la sede del PPD, en San Juan.

El pasado 13 de abril, Luis Cruz Santiago, un hombre que formaba parte de un programa de desvío por violación a Ley 54, asesinó a una mujer en el Cuartel de la Policía Municipal en Morovis.

“Están enviándolos a programas sobre los cuales no tenemos ninguna información pública y en los que no está viendo efectividad y, por eso, lamentablemente, hemos visto feminicidas este año que pasaron por el programa”, subrayó.

El reclamó de Álvarez Conde, además, surge una semana después de que Hermes Ávila Vélez, un convicto de asesinato en primer grado que fue puesto en libertad en 2023 al amparo de la Ley 25 de 1992, acabara con la vida de Ivette Joan Meléndez, en hechos reportados en Manatí. Más temprano este domingo, el mismo municipio fue escenario del asesinato de otra mujer, mientras se investigaba si fue un feminicidio.

La Ley 25 dispone que todo confinado en una institución correccional a quien le haya sido diagnosticado el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), o cualquier otra enfermedad en su etapa terminal, sea egresado. A Ávila Vélez se le concedió el privilegio tras alegar la condición de paraplejía, que resultó ser una mentira, según los eventos que han trascendido tras los violentos hechos.

“Están enviando agresores a programas de desvío y ni sale en el registro de ofensores (sexuales)”, denunció Álvarez Conde.

La aspirante al Senado, a su vez, solicitó que se investigue a la empresa Pshysician HMO, encargada de la salud de los reos en el sistema correccional. El contrato a la operadora -cuyos servicios han sido cuestionados por familiares de reclusos- fue renovado en 2023 por un término de cinco años.

“Lo que ha salido es que se va a investigar y no se ha hecho nada para paralizar y evaluar los servicios. Esto a pesar de que este contrato es oneroso y pone en manos privadas un servicio del gobierno. Ante esta falla, que le costó la vida a Ivette, lo que escuchamos es al gobernador (Pedro Pierluisi) defender los servicios, a pesar de que fueron señaladas irregularidades en el pasado”, argumentó.

Álvarez Conde cuestionó el funcionamiento de los programas de desvío, así como que sigan siendo una opción para lograr la rehabilitación de un agresor, cuando existen cuatro vacantes en la “Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras”, organismo llamado a fiscalizar este beneficio.

“Al no estar debidamente constituida (por sus siete miembros), no se pueden llevar a cabo propuestas para establecer mejorías en los programas o modificar su reglamento y currículo”, aseveró. Actualmente, el ente regulador está integrado por Alex Joel Torres, del DCR; la procuradora interina de la Mujer, Madeline Bermúdez, y la abogada María del Rosario García.

“Estamos hablando que mujeres asesinadas este año, en donde hay personas que participaron del programa de desvío, son culpa del Estado. Es una barbaridad”, agregó.

Durante 2024, según estadísticas oficiales de la Policía, han sido asesinadas 22 mujeres, nueve de las cuales han muerto a manos de sus parejas o exparejas. Al 2023, para este mismo período, habían sido asesinadas siete mujeres, seis por violencia machista.

La precandidata, asimismo, exigió que se investigue la situación actual de los confinados, esto a raíz de la publicación de un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico que describe múltiples violaciones derechos humanos contra esta población, como servicios médicos inadecuados, alimentación deficiente y pobre supervisión.