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Como parte de su propuesta de desarrollo económico, el candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, fijaría un impuesto de 15% sobre el ingreso neto de las corporaciones foráneas con incentivos contributivos y derogaría la antigua Ley 22 de 2012, que concede exenciones a inversionistas que establezcan residencia en la isla.

Ese gravamen de 15%, indicó, proviene de un acuerdo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo firmado por 160 países para establecer una tasa universal del ingreso neto para las empresas foráneas.

Sobre el aumento en estas contribuciones, explicó que, al mismo tiempo, buscaría otorgar beneficios no tributarios para las empresas foráneas que permitan reducir sus costos operacionales.

A modo de ejemplo, Dalmau Ramírez mencionó, entre esas ayudas, el “adiestramiento de mano de obra, financiamiento con tasas de intereses preferenciales para la expansión de infraestructura”, aspectos relacionados con servicios de salud y créditos para establecer equipos de energía renovable.

“Es decir, otras formas donde el Estado les puede proveer... beneficios a esas empresas que se establecen en Puerto Rico, siendo del extranjero, pero que no sean beneficios contributivos, siendo Puerto Rico una jurisdicción que fiscalmente está en quiebra”, añadió el exsenador independentista, desde la sede de Filmes Zapatero, en Santurce, espacio que destacó como un ejemplo de empresarismo puertorriqueño exitoso.

La plataforma de gobierno “Patria Nueva”, que se presentó por primera vez este martes -aunque parcialmente-, contiene sobre 40 iniciativas que buscan incentivar el crecimiento sostenible de la economía. Por eso, junto a su propuesta de aumentar las contribuciones a las empresas foráneas, Dalmau Ramírez dijo que procuraría bajar los impuestos que pagan las empresas puertorriqueñas.

“Tenemos que transformar la política contributiva corporativa en Puerto Rico a una equilibrada y balanceada. En Puerto Rico, existen corporaciones, particularmente las foráneas, que son o absolutamente exentas, algunas pagan un arbitrio especial de un 4% porque son filiales de otras corporaciones estadounidenses, mientras que las corporaciones de empresarios puertorriqueños y puertorriqueñas pagan más de un 30% con relación a sus ingresos. Eso es desbalanceado y no propicia el desarrollo económico del capital que se puede quedar en Puerto Rico”, indicó el abogado, cuya candidatura cuenta con el respaldo del Movimiento Victoria Ciudadana, como parte de la llamada Alianza de País.

Cuestionado sobre cuál sería el alcance de la reducción en la tasa contributiva de las empresas nativas, Dalmau Ramírez indicó que aspirarían a reducir, “al menos, a la mitad”, pero eso estaría sujeto al recaudo que logre la potencial nueva tasa contributiva a las empresas extranjeras.

Sobre la antigua Ley 22, contenida ahora en la Ley 60 de 2019, afirmó que debe derogarse debido a que, a su juicio, “ha tenido un efecto adverso”. “No hemos tenido ingreso alguno que sea de desarrollo para Puerto Rico. Ha tenido un impacto negativo a nivel social por, obviamente, el desplazamiento de comunidades, el impacto en el aumento de costo de gobierno, entre otros elementos”, sostuvo.

En cambio, sobre la Ley 20 de 2012, que concede beneficios contributivos por la exportación de servicios, opinó que “no tenía problema” con ella, aunque entiende que hay que examinarla por cualquier tema que se pueda mejorar.

El político presentó sus propuestas acompañado por los economistas Edwin Irizarry Mora y Francisco Catalá Oliveras, con quienes abordó otras iniciativas, como el plan universal de pensiones para las personas retiradas, la confección de un Plan de Uso de Terrenos que proteja los espacios de valor agrícola y ambiental, y fomentar el ecoturismo.

Estas iniciativas económicas, dijo el candidato, van de la mano de la seguridad alimentaria, pues pretende fortalecer la economía agrícola, objetivo que, anticipó, conllevaría reestructurar el Departamento de Agricultura. En ese sentido, aseguró que, en su gobierno, su gabinete sería nombrado por el principio del mérito y no tendrían que ser afiliados al PIP.

“Eso significa, y utilizo el ejemplo del Departamento de Agricultura, que para ser secretario no hace falta ponerse una camisa verde el día de las elecciones. Lo que hace falta es que la persona provenga de una historia de compromiso con el fortalecimiento y el desarrollo de la agricultura en Puerto Rico como un renglón fundamental, comprometido o comprometida con la seguridad alimentaria”, verbalizó.

Aunque la presentación de este martes se centró en el tema económico, Dalmau Ramírez adelantó que su plan de gobierno tiene un capítulo sobre la diáspora, y que crearía un puesto en La Fortaleza que represente los intereses de la comunidad boricua en el extranjero.

Además, dijo que crearía un registro para notificar “cuando se generen espacios (de) empleo, oportunidades para que esas personas regresen a Puerto Rico, localización de vivienda, (ofertas) para estudios de sus hijos”, entre otros detalles que permitan revertir el éxodo.

A preguntas de la prensa sobre cómo se verían sus propuestas en un contexto donde tendrían que coexistir con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Dalmau Ramírez sostuvo que la vía judicial para hacer frente al ente que controla las finanzas públicas no es suficiente, por lo que optará por la “vía política”.

“Para mí, será esencial, desde el primer día, (que) yo pueda recabar el apoyo de personas de distintas tendencias ideológicas, política, cívicas, sociales, culturales, para que vayamos con una sola voz al Congreso a exigir la eliminación de la Junta de Control Fiscal”, aseguró.

El candidato indicó que buscaría mantener las protecciones de la ley federal Promesa respecto a la quiebra, pero no la presencia de la JSF que, afirmó, “nos tienen las manos atadas, más allá de las limitaciones estructurales que ya tenemos como territorio”. Censuró que los gobiernos del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista no han tenido la “voluntad” de hacer frente a la Junta desde el aspecto político.