El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, insistió este lunes en que el decreto solicitado por LUMA Energy ante el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) no procede en derecho y exigió al gobernador Pedro Pierluisi que “diga si está del lado de la gente” o del consorcio.

El líder de los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) sostuvo, además, que la solicitud –hecha por la empresa al amparo del Código de Incentivos (Ley 60 de 2019) y que le proveería una serie de beneficios contributivos– es “ilegal, inmoral e improcedente”.

“El gobernador tiene que decir si está del lado de la gente o está del lado de defender a LUMA y sus intereses privados. Nosotros, los municipios, siempre hemos estado del lado de la gente… Respetamos el orden jurídico, respetamos que hay un contrato firmado por el gobierno, pero no vamos a claudicar a nuestros derechos y responsabilidades”, afirmó Hernández, al resaltar el impacto que tendrían las exenciones contributivas en las arcas municipales.

Durante una conferencia de prensa en la que se acompañó de otros ejecutivos municipales populares, el también alcalde de Villalba destacó varios puntos que, a su juicio, hacen ilegal la solicitud presentada por el consorcio. El primero de ellos, dijo, es que LUMA Energy no ha traído inversión adicional privada a la isla.

“Si lo va a hacer, pues le pedimos, entonces, que nos ponga en perspectiva de cuánto dinero privado va a traer al país, cuántos empleos adicionales va a generar producto de esa inversión suya para, entonces, nosotros, responsablemente, como Asociación, evaluar si merecen un decreto contributivo”, señaló Hernández.

Planteó que, según la Ley 60, la concesión de un decreto contributivo está atada a las inversiones o empleos que puede generar el peticionario. “LUMA no es un contratista del gobierno de Puerto Rico. LUMA brinda un servicio. De hecho, recordarán que, para comenzar su operación, pidió $500 millones en adelantado a la Legislatura”, aseveró.

“Todas las mejoras que LUMA ha estado realizando por los pasados años, todas, han sido subsidiadas por el Estado y por fondos federales”, agregó.

El también aspirante al Senado criticó, asimismo, que la operadora de la red eléctrica no haya hecho esta solicitud durante la negociación del contrato con la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).

“¿Por qué el país tiene que darle un segundo turno al bate a LUMA para que revise su contrato y lo convierta en un contrato completamente a favor de ellos en detrimento de los ingresos municipales?”, cuestionó.

El decreto, añadió, pone en riesgo el cumplimiento del Plan Fiscal del gobierno. Aclaró que la Ley Promesa –una vez aprobado el Plan Fiscal– condiciona la concesión de cualquier decreto que vaya en detrimento de los ingresos a los bonistas.

Hernández también solicitó a Pierluisi que detenga los pagos a LUMA Energy hasta tanto se certifique que ha cumplido con sus responsabilidades legales estatales y municipales.

“Yo le pido al gobernador y a Manuel Cidre (secretario del DDEC) que detengan este decreto y que se sienten con la Junta, y que la Junta diga si está dispuesta a violar su propio Plan Fiscal para quitarles recursos a los municipios que, al final del camino, van a tenerle que dejar de pagar a los bonistas”, señaló.

Cada uno de estos planteamientos, aseguró, fue esbozado en una misiva enviada –en representación de los 42 alcaldes del PPD– al secretario del DDEC, con copia al gobernador y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). “Basta de politiquería, de decir ‘yo estoy en contra de ese decreto, pero Manuel Cidre es el que tiene la última palabra’. Eso es mentira y es una falta de respeto a la inteligencia de los puertorriqueños y las puertorriqueñas”, planteó en referencia a expresiones previas del gobernador.

El alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, recordó que, tras el paso de los huracanes Irma y María, se concedieron exenciones a contratistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), lo que provocó que acudieran a los tribunales para requerir el pago del dinero dejado de recibir. “Al día de hoy, ese dinero no ha llegado”, mencionó.

El 24 de abril, la Asociación de Alcaldes ya había cursado una primera misiva oponiéndose al decreto contributivo por el impacto que tendría sobre los recaudos e ingresos municipales, cifra que se ha estimado en $600 millones.

En pasadas semanas, el DDEC circuló a una treintena de municipios un borrador de decreto bajo el Código de Incentivos que, según el texto, proveería a LUMA Energy una serie de beneficios contributivos bajo las disposiciones aplicables a negocios que se dedican “a la producción o venta de energía verde a escala comercial para consumo”.

Los beneficios que se enumeran, en las secciones 2071 y 2072 del Código de Incentivos, incluyen una tasa preferencial de 4% sobre los “ingresos de energía verde” y exenciones de 75% sobre la propiedad mueble e inmueble, 50% en los pagos de patentes municipales establecidas por ordenanzas y 75% por arbitrios de construcción.