El Senado derrotó este martes una medida legislativa, de la autoría de la independentista María de Lourdes Santiago, dirigida a reconocer el derecho del trabajo a distancia en la empresa privada, así como a la desconexión digital una vez concluida la jornada laboral.

Tras un extenso debate entre opositores y defensores, el Proyecto del Senado (PS) 483 fue rechazado a viva voz por la mayoría legislativa. “Queda claro, en este hemiciclo, que no hubo ni un sí a favor de la medida”, alegó la vicepresidenta del Senado, Marially González.

“Yo dije ‘sí’”, respondió la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, quien, tras la votación a viva voz, solicitó la división del cuerpo para contabilizar los votos, reclamo al que González tuvo que acceder –en cumplimiento con el reglamento del Senado–, a pesar de haberlo rechazado en un inicio. La medida recibió cuatro votos a favor y 12 en contra.

Entre otras cosas, el PS 483 reconoce el derecho al trabajo remoto en aquellas instancias donde la naturaleza del empleo “sea susceptible de realizarse efectivamente a distancia y que la empresa cuente con la infraestructura de comunicación e informática para ello”. Asimismo, define el derecho a los empleados a no responder videollamadas, correos electrónicos o cualquier otro tipo de comunicación fuera de su horario laboral.

“Sin duda, necesitamos que las mejores condiciones estén, no solo para el desarrollo económico de las Pymes, sino para todo el pueblo de Puerto Rico. Pero aquellas empresas que impulsan desarrollo, supuestamente libre, lo que quieren es que no haya ningún tipo de reglamentación, porque no creen en el desarrollo sostenible que se basa en el bien social, ambiental y en condiciones de trabajo justas”, esbozó Rivera Lassén.

La senadora Nitza Morán, del Partido Nuevo Progresista (PNP), y su homóloga del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, rechazaron la medida.

Morán expuso que lo dispuesto en la medida resultaba en una intromisión del gobierno en la operación de los empleadores privados. Señaló, además, que existen mecanismos para que trabajadores puedan, a través de la Ley 379 de 1948, solicitar trabajar de forma remota.

“La empresa privada es la que contrata, el patrono, para que ese empleado dé un servicio, en su empresa, bajo mis términos y condiciones. El empleado que no quiere quedarse en la empresa mía, porque no le gustan mis términos y condiciones, pues que aplique en otro lugar… es tan simple y tan sencillo”, expuso Morán.

“Dejen la empresa privada funcionar”, argumentó la senadora del PNP, quien también es comerciante.

Santiago, sin embargo, recordó que fue gracias a estas “intromisiones” de los gobiernos que se lograron condiciones salariales más justas para los empleados del sector privado, en y fuera de Puerto Rico. “Si el gobierno no se inmiscuyera en la empresa privada, no tendríamos salarios mínimos y no tendríamos condiciones de seguridad en el empleo. Estarían todavía los niños y las niñas trabajando en las fábricas, como trabajaron por mucho tiempo antes de que el gobierno se inmiscuyera”, puntualizó Santiago.

La medida, según su exposición de motivos, busca, a través de la regulación del trabajo a distancia y la desconexión digital, promover el progreso en la conciliación familiar y el reparto de las responsabilidades en el trabajo. “Hoy, hay una amplia gama de profesiones, oficios, ocupaciones y labores susceptibles de realizarse de manera remota, sin que ello necesariamente implique un aumento en los costos operacionales para los patronos”, dispone.

Rodríguez Veve, aunque también rechazó la pieza legislativa por ser “desacertada”, dijo entender el origen de la propuesta de “desconexión digital”, por lo que le recomendó a Santiago presentar un proyecto de ley que atienda este tema exclusivamente.

“Si leen el proyecto, podrán corroborar que lo que se está haciendo es pretender que el gobierno siga interfiriendo innecesariamente en la actividad comercial en detrimento, no solo de los patronos, sino de los propios trabajadores”, expuso la senadora de Proyecto Dignidad.

A nivel público, el trabajo a distancia está regulado bajo la Ley 36 de 2020, conocida como Ley de Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto Rico.