En víspera de la celebración –el próximo lunes– del Día del Planeta Tierra, el Senado dio paso este jueves a una medida legislativa que retrasa hasta 2025 la aplicación de la ley que prohíbe la utilización de plásticos de un solo uso en Puerto Rico, un término que requiere del aval de la Cámara de Representantes.

El Proyecto del Senado 1374, que originalmente proponía posponer la aplicación de la Ley 51 de 2022 por dos años, fue rechazado por la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en el Senado, María de Lourdes Santiago, y el senador independiente, José Vargas Vidot. De igual forma se expresó la delegación de Movimiento Victoria Ciudadana.

La medida recibió 21 votos a favor.

Albert Torres, del Partido Popular Democrático, y Nitza Morán, del Partido Nuevo Progresista, asumieron turnos para defender la postergación de la vigencia del estatuto, alegando que los comerciantes no han tenido tiempo suficiente para prepararse y hacer una transición al uso de material compostable.

“Sé que este proyecto ha traído un sinnúmero de controversias, pero es necesario que podamos dar la oportunidad de la extensión para así poder trabajarlo de una manera ordenada”, expuso Torres, presidente de la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado.

La Ley 51 de 2022 prohíbe el uso y venta de plásticos de un solo uso, definido como “el artefacto de material plástico vendido y utilizado voluntariamente, tales como los cubiertos, platos y sorbetos de plásticos, así como los vasos, tazas y contenedores de alimentos hechos de poliestireno expandido (‘foam’) para su consumo inmediato o para llevar algún alimento sin procesar o procesado”.

El estatuto, firmado el 29 de junio de 2022, establecía un período de dos años para su implantación. En este período, las agencias concernidas –Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y Departamento de Asuntos del Consumidor– debían “adoptar las reglas y reglamentos necesarios para poner en vigor” la ley, lo que, según surgió de la discusión pública, no se realizó.

Torres alegó, además, que la aplicación de la ley implicará un alza en el costo de este tipo de material. “Ahora mismo, se paga $1.19 por una bolsa de cucharas plásticas y, luego de la implementación, el precio se triplicaría y lo que queremos es que los ciudadanos estén preparados”, argumentó.

De manera similar, se expresó Morán, quien también es comerciante. Arguyó que la medida es vaga al no identificar cuáles serían los materiales que estarían prohibidos. Alegó, además, que resulta discriminatoria, ya que impacta solo a la industria de los restaurantes. “Detectando las debilidades de la ley, en ese reglamento estaríamos incluyendo qué es un plástico de un solo uso y su definición”, expuso.

Vargas Vidot cuestionó, por su parte, que se extendiera la aplicación del estatuto cuando ya la Ley 51 les otorgó a las partes un período de dos años para prepararse. “En realidad, lo que estamos haciendo es tirándole una toalla a la irresponsabilidad de las agencias a las que le fueron delegadas las responsabilidades de transición, de orientación y educación”, apuntó.

El representante Edgardo Feliciano había anticipado que, de aprobarse el aplazamiento de la aplicación de la Ley 51 al 2025, la medida recibiría automáticamente un informe negativo de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, la cual preside.

“Esta medida fue aprobada hace más de un año, otorgando tiempo suficiente a los comercios para prepararse. Cualquier cambio propuesto en el Senado será infructuoso, ya que recibirá un informe negativo en nuestra comisión tan pronto como llegue la medida del Senado”, dijo a El Nuevo Día, en una entrevista previa.