La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez, aseguró este lunes que la querella por supuestas violaciones ambientales presentada contra Anthony Pierluisi Rojo –hijo mayor del gobernador Pedro Pierluisi– está ante el Cuerpo de Vigilantes para su investigación.

“Como secretaria del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), a mí me toca velar por la integridad del Departamento, así que cónsono con ello, yo no respondo a ataques políticos ni discursos políticos de un candidato. Los pasados días, se entregó una querella y, como de costumbre, se va a estar investigando y siguiendo la ley y el reglamento. Ese es, básicamente, el trámite en cualquier tipo de querella”, dijo Rodríguez.

“Ya lo tiene el Cuerpo de Vigilantes y está bajo investigación”, agregó la titular de la agencia, en sus primeras expresiones públicas sobre el tema, al ser abordada durante una conferencia de prensa del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático.

El aspirante al Senado del Partido Popular Democrático (PPD) Carlos Díaz Sánchez presentó referidos contra Pierluisi Rojo ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés) y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (USFWS, en inglés).

En el caso de la querella remitida al DRNA, el político pide a la agencia que “ejerza su deber ministerial, conferido mediante la Ley 23-1972, según enmendada, y conocida como Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”.

Según Díaz Sánchez, bajo la empresa Silver Beach L.L.C., que, de acuerdo con el registro de corporaciones del Departamento de Estado, pertenece a Pierluisi Rojo, hay dos propiedades ubicadas en la bahía de Guánica, en zona marítimo terrestre, que han impactado recursos naturales como el mangle rojo.

Pierluisi Rojo, por su parte, ha sostenido que los muelles de las propiedades de alquiler a corto plazo que posee en el lugar son “estructuras públicas” y están “fuera” de sus bienes.

La titular del DRNA aseguró la imparcialidad del proceso investigativo que realiza el Cuerpo de Vigilantes y declaró que, como jefa de la agencia, tiene y ha tenido la libertad para velar por la preservación de los recursos e investigar cualquier posible ilegalidad.

“A veces, se inventan unas teorías por crear unas crisis innecesariamente. Te voy a dar un ejemplo sencillo, yo ni tan siquiera había sido designada por el señor gobernador cuando tuve que trabajar con un caso que muchos pudieran identificar como familiares del señor gobernador y, luego de haberle metido mano, según la ley y el reglamento, fui nominada para ocupar el puesto, así que tengo la libertad para seguir la ley y el reglamento”, señaló.

En el referido, Díaz Sánchez solicita saber si las propiedades operan “acorde con la ley orgánica del DRNA” y su Reglamento 4860, si cumple con la Ley 161 de 2009, la ley orgánica de OGPe y si el uso existente “no menoscaba o coloca en peligro los recursos naturales del área donde ubica”.

También, pide a las agencias estatales y federales que verifiquen si las propiedades cumplen con las leyes federales, como la Ley de Barreras Costeras de 1982.