En momentos en que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) es objeto de múltiples cuestionamientos por la excarcelación de un reo que fingió ser parapléjico y reincidió en un asesinato, el gobernador Pedro Pierluisi defendió este jueves el desempeño de la secretaria Ana Escobar, al catalogarlo como “ejemplar”.

“Esa secretaria ha hecho una labor ejemplar. Ahora, tenemos esa situación, de ese caso, de ese feminicidio, que ya arrancó esa investigación”, sostuvo Pierluisi.

Recalcó que el DCR encaminó una pesquisa administrativa –que está en curso– para adjudicar responsabilidad sobre la liberación de Hermes Ávila Vázquez, acusado de un feminicidio en Manatí. El hombre de 52 años está imputado por el asesinato de Ivette Joan Meléndez, reportado el domingo. Previamente, en 2005, había sido sentenciado a 122 años de cárcel por el asesinato de otra mujer.

Pero, en abril del año pasado, se le permitió salir de prisión mediante un pase especial concedido a personas con enfermedades en etapa terminal, debido a sus problemas de salud crónicos, que, entre otras cosas, afectaban su movilidad para caminar, reveló Escobar.

El hombre había sido evaluado por un panel de médicos de Physician Correctional, que administra los servicios de salud en el sistema penal, y concluyó que podía beneficiarse de la Ley 25 de 1992, mediante la cual se otorgan permisos extendidos a convictos que tengan alguna enfermedad terminal o inconvenientes de movilidad.

Pierluisi dijo que “alrededor de 24″ personas se han beneficiado de ese estatuto. Agregó que, tras lo sucedido con Ávila Vázquez, Escobar ordenó, como “medida preventiva”, que se les colocaran grilletes a las demás personas beneficiadas.

El gobernador rechazó –de forma tajante– que los responsables de lo que él mismo ha catalogado como una falla en el sistema hayan sido el DCR o Physician Correctional.

“El resultado de esa investigación va a llegar a manos del Departamento de Justicia y será el Departamento de Justicia el que decide si hay que procesar a alguien ante los tribunales”, puntualizó.

Afirmó, por otro lado, que no hay conflicto de intereses ante el hecho de que Escobar esté activa en su campaña política a la reelección y, a la misma vez, conduzca la pesquisa.

“Una cosa no tiene que ver con la otra. Nosotros vivimos en una democracia. Todos, salvo muy raras excepciones, tienen derecho a apoyar partidos. Apoyar candidatos”, aseveró, al tiempo que aplaudió que otros jefes de agencia de su administración sean parte de su campaña o lo apoyen abiertamente en su intento de revalidar en la gobernación.

“En la medida en que también están ayudándome en mi campaña, bienvenidos sean. Me parece muy bien porque, a fin de cuentas, mi campaña se trata, precisamente, de defender la gestión de esta administración. Los demás están en las gradas. Los demás están criticando desde afuera. Desde afuera es fácil. Con la boca es un mamey”, afirmó.

Defendió, igualmente, que los dueños de Physician Correctional hayan donado a su campaña, tan reciente como en febrero, y rechazó que el apoyo económico equivalga a un escudo o protección.

De otra parte, Pierluisi dijo que no dará ninguna instrucción particular a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez, sobre la pesquisa que conduce esa agencia tras una querella por supuestas violaciones ambientales en las propiedades de su hijo Anthony Pierluisi Rojo, ubicadas en Guánica.

“No, porque eso cae en el curso regular de ese Departamento, y se atenderá debidamente. Eso es todo lo que tiene que pasar ahí”, dijo el mandatario a preguntas de la prensa.

“Estoy seguro que el Departamento de Recursos Naturales atenderá debidamente, esa querella”, abundó.

La investigación es producto de una querella presentada por el aspirante a senador por acumulación del Partido Popular Democrático Carlos Díaz Sánchez. En días recientes, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) reveló que los muelles en la propiedad de Pierluisi Rojo no cuentan con un permiso de esa agencia. Además, indicaron que las estructuras requieren de una “concesión por parte del DRNA.

En entrevista radial (Radio Isla), Rodríguez dijo este jueves que los muelles requieren una “concesión” del DRNA, pero no precisó si ya verificaron si las estructuras en controversia la tienen o no por ser parte de la investigación.

“Para poder construir cualquier muelle o cualquier estructura sobre el agua, en aguas territoriales en Puerto Rico, necesitas permiso del USACE y algún tipo de permisología para la construcción y concesión del DRNA, cónsono con el Reglamento 4860 de Uso y Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público”, afirmó la funcionaria.

La secretaria, aunque se solicitó, no estuvo disponible para entrevista con El Nuevo Día.