El gobernador Pedro Pierluisi anunció este jueves la asignación de $30 millones en fondos CDBG-DR con el objetivo de conceder a pequeñas y medianas empresas incentivos para la compra de sistemas fotovoltaicos, baterías o estaciones de carga.

“Este incentivo de Apoyo Energético 2.0, el cual forma parte del Programa de Política Pública Energética del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), estará enfocado en proveer alternativas para reducir los costos de energía. Está dirigido exclusivamente a aquellas empresas que llevan a cabo funciones críticas en caso de ocurrir algún desastre natural”, indicó el gobernador, en una conferencia de prensa realizada en el restaurante La Habichuela Guisá, en Guaynabo.

El establecimiento comercial se benefició de esta iniciativa con $25,000, pero en una primera asignación de fondos que hizo el gobierno al DDEC.

Previamente, la administración de Pierluisi había destinado $20 millones de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, en inglés) para el programa Apoyo Energético, que ayudó con la instalación de sistemas fotovoltaicos a 765 pequeños y medianos comerciantes.

Ahora, Apoyo Energético 2.0 pretende beneficiar a alrededor de 800 pequeños y medianos comerciantes con hasta $25,000 provenientes del programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación de Desastres.

La asistencia para los comercios podrá incluir “sistemas fotovoltaicos con baterías, baterías para sistemas ya existentes y en buenas condiciones y estaciones de carga para vehículos eléctricos, junto a una de las alternativas anteriores”, precisó el mandatario.

El secretario del DDEC, Manuel Cidre, quien estuvo presente en la actividad, dejó claro que los comerciantes que se beneficiaron del primer programa ahora no podrán optar por estos fondos. Además, explicó que por “establecimientos con funciones críticas”, se refieren a lugares que distribuyen comida, agua potable, que son refugios, atienden temas de salud -como los laboratorios o salas de emergencia- y se manejan en el campo de la protección y la seguridad.

A preguntas de El Nuevo Día, Pierluisi se mostró confiado en que la objeción reciente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) respecto a los sistemas de medición neta no desaliente que se recurra a mecanismos para obtener energía de fuentes renovables.

La JSF consignó, en una carta reciente al gobierno, sus objeciones con la Ley 10 de 2024 sobre el programa de medición neta. Exhortó a derogarla o enmendarla, y fijó como fecha límite el lunes pasado para que el primer ejecutivo notificara si acataría esa postura. Pierluisi pidió tiempo adicional para tomar una determinación sobre el asunto.

“Lo que yo voy a reiterar es que todos los que están considerando entrar en este tipo de acuerdo, de establecer este tipo de sistema solar con baterías y entrar en un acuerdo de medición neta con LUMA y la Autoridad de Energía Eléctrica, no dejen de hacerlo porque van a contar con el apoyo del gobierno vía estos incentivos”, aseguró.

La primera fase de implementación del programa es para cualificar a los distribuidores e instaladores de sistemas fotovoltaicos que deben ser cualificados por el gobierno tras solicitarlo a través del portal www.desarrollo.pr.gov.

En la segunda etapa, que de acuerdo con la información provista por Pierluisi comienza el 17 de junio, el DDEC recibirá las solicitudes de las pequeñas y medianas empresas que cualifiquen para recibir el incentivo.