Al examinar lo que sería el segundo ejercicio presupuestario de Puerto Rico desde de la reestructuración de la deuda del gobierno central, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) concluyó que el presupuesto recomendado por la administración de Pedro Pierluisi es contrario a la ley federal Promesa y optó por hacer ajustes al mismo y requerir la adopción de nuevos controles de cara al próximo 1 de julio.