La comisionada residente y candidata primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, entiende que los beneficios que se otorgan a inversionistas extranjeros bajo la Ley 60 de 2019, en la que se integra la antigua la Ley 22 de 2012 deberían revisarse para extenderlo a inversionistas del patio.

González así lo estableció luego de una reunión este miércoles con Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, así como con líderes del sector bancario local.

“Creo que, si bien funcionó, la ley debe revisarse en términos de qué incentivos tú le das al empresario local, que hace igual inversión o tiene cantidad de empleados similares y no recibe un beneficio contributivo atractivo para permanecer sin negocio en la isla”, afirmó a preguntas de la prensa. “He tenido múltiples reuniones con el sector privado; se pueden hacer cambios para equiparar, en alguna forma, al (inversionista) local en términos de recibir beneficios”.

Agregó que debe haber una “mayor fiscalización” a los decretos ya otorgados.

“Creo que debe haber una mayor fiscalización de estos decretos contributivos. La realidad es que muy poco se conoce de las investigaciones, supervisión y fiscalización que se le hace a personas que tienen este beneficio contributivo”, manifestó. “Yo no voy a demonizarlo porque muchas son personas que han colaborado e invertido en la isla en organizaciones sin fines de lucro y son ciudadanos de bien y orden, pero creo que debe haber un ente que mantenga una fiscalización, no solo el Departamento de Desarrollo Económico (y Comercio)”.

Según dijo, debe revisarse si los cientos de inversionistas que reciben estos decretos –al igual que otros decretos– han cumplido con lo dispuesto en los mismos en cuanto a creación de empleos y desarrollo económico.

En marzo, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) informó a El Nuevo Día que había para esa fecha 6,057 decretos por Ley 22 – ahora cobijada bajo la Ley 60. En cuanto a la Ley 20 que otorga beneficios por exportaciones, había 4,302 decretos otorgados. El DDEC informó entonces que ha revocado 315.

Las leyes 20 y 22 se aprobaron en 2012 bajo la gobernación de Luis Fortuño y cuando González presidía la Cámara. Estos decretos, al igual que el resto, se unieron luego bajo la Ley 60. Puerto Rico no fue el único país que echó mano de esta idea para lograr inversiones. Una historia publicada por The New York Times a principios de mes resume las iniciativas incoadas en países europeos para lograr capturar estas inversiones, sin dejar de un lado el efecto que han tenido en asuntos como la falta de acceso a la vivienda por el aumento en costos, un tema que también se ha discutido ampliamente en Puerto Rico.

Ha habido varias propuestas para que estas leyes apliquen a inversionistas locales, pero al momento ninguna ha prosperado.

González hizo las expresiones al concluir la reunión con Nelson, así como con portavoces del sector de la banca, incluyendo a la presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, Zoimé Álvarez Rubio.

Entre otras cosas, Nelson dejó saber que tiene el ojo puesto sobre diversos temas relevantes al lavado de dinero, pero en particular a la compra de viviendas en efectivo. En febrero, la Red para la Detección de Crímenes Financieros (FinCEN, en inglés) del Tesoro, anunció que trabaja un reglamento que obligaría a reportar los detalles de las transacciones de bienes raíces residenciales que se realizan en efectivo, con financiamiento privado o mediante cesión.

“Las transacciones de bienes raíces son una prioridad para el Departamento del Tesoro para lograr que las transacciones de bienes raíces que se hacen en efectivo sean reportadas a FinCEN. Estamos trabajando en ese reglamento, evaluando los comentarios que hemos recibido y eso es parte del riesgo que evaluamos, no solo para Puerto Rico, sino el resto de los estados”, dijo Nelson, quien evadió contestar preguntas sobre el riesgo que puede representar la Ley 22 en la lucha contra el lavado de dinero.

De igual forma, dijo que miran de cerca las transacciones en monedas o bienes digitales, como las criptomonedas.

“Tengo el honor de ser el primer secretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera que viene a Puerto Rico para demostrar que el Tesoro tiene un compromiso de proteger a Puerto Rico del abuso de estas actividades ilícitas de lavado de dinero. Estamos listos para usar las herramientas para apoyar los esfuerzos de Puerto Rico para detener estas actividades ilícitas”, afirmó.

Temprano el miércoles, Nelson anunció junto al gobernador Pedro Pierluisi que Puerto Rico ya no aparece como jurisdicción de alto riesgo en la Evaluación de Riesgo Nacional de Lavado de Dinero de 2024.

El gobierno federal establece una serie de requisitos a la banca para evitar el lavado de dinero. Esto incluye preparar unos informes de actividades sospechosas (SAR, en inglés) y tener oficiales de cumplimiento con estas disposiciones federales, entre otros requisitos.

Álvarez Rubio reconoció que para la banca, el costo de implementar estas regulaciones es uno “millonario”.

“Costo exacto no lo sé porque todo depende de la institución financiera y los servicios que dé. En Puerto Rico hay instituciones financieras que solo dan servicio comercial. Ahora mismo tenemos una institución financiera que el servicio comercial es digital. Hay otras instituciones financieras que dan el servicio al cliente. Depende de la institución financiera, pero aseguro que el gasto es millonario, la porción es altísima”, dijo. “Todo este tipo de sistema operativo y sistema de información, inclusive el manejo de educación para ese empleado, saber las tácticas y los “red flags” y llenar los (SAR) a las entidades regulatorias, conlleva mucho esfuerzo, tanto físico como económico”.