Washington D.C. - El Departamento del Interior de Estados Unidos (DOI, por sus siglas en inglés) tiene en marcha el análisis sobre el potencial desarrollo de energía eólica marina -que aprovecha la fuerza del viento en altamar- en Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes estadounidenses.

John Brewer, director de la Oficina de Asuntos Insulares del Departamento del Interior, señaló el jueves, ante el subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares de la Cámara de Representantes, que esa evaluación sigue en manos del Negociado de Administración de Energía Oceánica.

“(Esa oficina) ha comenzado a colaborar con los gobernadores territoriales sobre el potencial desarrollo de energía eólica marina para Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes Estadounidenses”, indicó Brewer, en la ponencia que presentó por escrito ante la subcomisión cameral.

Brewer es uno de los ponentes de la audiencia del subcomité en torno a la energía asequible y confiable para las áreas insulares, que tiene una fuerte inclinación, de parte de la mayoría republicana, a presentar la energía solar como una fuente de alto costo.

Debido a que la Oficina de Asuntos Insulares no administra programas o políticas públicas relacionadas con Puerto Rico -donde en este momento, con una asignación federal de cerca de $11,400 millones, se impulsa la reconstrucción del sistema eléctrico y la transición hacia fuentes 100% renovables- la sesión del subcomité no estaría dedicada a la isla.

De acuerdo con un memorando de la oficina de la presidenta del subcomité, la republicana Harriet Hageman (Wyoming), la intención de la audiencia es cuestionar que el DOI impulse “el uso de energía solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y oceánica para los territorios estadounidenses”, pero ignore “la confiabilidad comprobada del gas natural” y otras opciones como la energía nuclear y la biomasa.

En mayo pasado, la secretaria del DOI, Deb Halland, anunció ante esa subcomisión que crearía un grupo de trabajo intergubernamental de Energía Renovable para implantar el lenguaje de la ley Reducir la Inflación (IRA), que permite al Departamento del Interior estudiar y, si posible, autorizar el desarrollo de energía eólica marina en aguas federales adyacentes a Puerto Rico y el resto de los territorios estadounidenses.

“El departamento y el (Negociado de Administración de Energía Oceánica) planifican iniciar el proceso de identificación del área mediante la formación de un grupo de trabajo intergubernamental de Energía Renovable, que ayudará a garantizar una comunicación temprana y frecuente durante todo el proceso de arrendamiento de energía renovable. Esperamos proponer formalmente la formación del nuevo Grupo de Trabajo de Puerto Rico muy pronto y esperamos trabajar con su oficina y el Gobierno de Puerto Rico, y sus diversas partes interesadas, en el avance de este tema”, indicó entonces la secretaria Halland.

El lenguaje fue propuesto por la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien hace caucus con la mayoría republicana.

Brewer explicó que la ley IRA revisó la ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior con el propósito de permitir, para fines de la energía eólica marina, el arrendamiento de tierras sumergidas dentro de la zona económica exclusiva de los Estados Unidos que están adyacentes a Samoa americana, las Islas Marianas del Norte, Guam, las Islas Vírgenes estadounidenses y Puerto Rico.

La ley, a su vez, ordenó al Secretario del Interior investigar la viabilidad del arrendamiento de energía eólica marina en los territorios.

En febrero pasado, el Departamento de Energía de Estados Unidos concluyó que “es 100% posible alcanzar el 100% de energía renovable” para 2050 en Puerto Rico. Pero, en todos los escenarios que examinó el estudio PR-100, los expertos indicaron que no se no prevé “el despliegue adicional de energía eólica marina, conversión de energía térmica oceánica o hidrógeno”, principalmente, debido a la falta de competitividad en cuanto a los costos.

Además de Brewer, los ponentes de la audiencia del Subcomité de Asuntos Insulares son Kyle Fleming, presidente de la Autoridad de Energía y Agua de las Islas Vírgenes; Kenny Stein, vicepresidente de Política Pública del Institute for Economic Research, en Washington D.C.; Travis Fisher, director de Estudios de Política Pública Energética y Ambiental del Instituto CATO, en Washington D.C.; y Gregory Guannel, director del Caribbean Green Technology Center, en las Islas Vírgenes, y quien fue invitado por la minoría demócrata.