Como territorio de los Estados Unidos, todo el poder que ejerce el gobierno de Puerto Rico no surge de la voluntad del Pueblo sino de una delegación del Congreso federal. En teoría, el Congreso pudiera eliminar el gobierno de Puerto Rico y adoptar una estructura de gobernanza para el país que ni siquiera tiene que ser democrática. Tanto la existencia de un gobierno civil en Puerto Rico como que este sea electo por los(as) puertorriqueños(as) queda a la total discreción del Congreso.

En 1952, el Congreso delegó parte –pero no toda- de su autoridad, incluyendo el poder legislativo. Esto explica por qué la prohibición del asesinato en Puerto Rico surge de una ley puertorriqueña y no un estatuto federal. Por décadas, la mayoría de las leyes que aplican en Puerto Rico y rigen nuestro diario vivir eran aprobadas por legisladores electos por el Pueblo. Ese es el punto de tener elecciones cada cuatro años.

La aprobación de Promesa cambió todo eso. Entre sus disposiciones, el estatuto federal requiere que toda ley aprobada por nuestra Legislatura sea presentada ante la consideración de la Junta de Supervisión Fiscal, ente cuyos integrantes nadie en Puerto Rico eligió. La Junta puede vetar cualquier ley que entienda es contraria al plan fiscal aprobado por esta.

Para aliviar el cantazo de tener una Junta no electa vetando leyes aprobadas por nuestros legisladores electos, todo indicaba que este poder extraordinario otorgado por Promesa estaría limitado, pues, a asuntos fiscales –es decir, a las finanzas públicas-, no así a los demás asuntos que afectan nuestra sociedad. Para esos asuntos estaba el proceso legislativo democrático. Ya no.

Hoy nos enteramos que la Junta de Supervisión Fiscal pretende utilizar su poder bajo Promesa para vetar la ley que restituía parte –tristemente, no todos- de los derechos laborales aplicables a la empresa privada: bono de Navidad, licencias de enfermedad y vacaciones, periodo probatorio, etc. Posiblemente bajo el argumento fatulo de que esto tendrá un impacto negativo sobre las arcas gubernamentales, la Junta parece haber culminado su golpe de Estado en Puerto Rico.

Ya no contenta con vetar medidas relacionadas al gasto público, como las pensiones, la Junta ahora se está proclamando como la Legislatura no electa de Puerto Rico para asuntos que nada tienen que ver con las finanzas públicas; de Junta de Supervisión Fiscal a Junta de Gobierno Colonial. Qué casualidad que la legislación no fiscal que decidieron vetar esta vez tiene que ver con los derechos de la clase trabajadora en Puerto Rico. Parece que la agenda patronal, inconforme con perder en el proceso legislativo, está dispuesta a sacrificar lo poco que quedaba de democracia en Puerto Rico para defender sus intereses de clase. Que se sepa en el mundo entero, en Puerto Rico –si alguna vez la hubo- hoy ya no hay democracia.