El 9 de mayo, Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, organización fundada en 1988) presentó su informe correspondiente al año 2022. Se trata de un trabajo al que ciudadanos de cualquier actividad deberían dedicarle algo de su tiempo. Hay que advertir que la ambición del reporte es amplia: en su recorrido hay aproximaciones a la situación en que se encuentran 14 derechos, no solo los civiles y políticos, sino también los económicos, sociales y culturales. Trae, además, un revelador documento, un estudio del economista Ronald Balza Guanipa, “El nuevo modelo económico y los derechos humanos en Venezuela, 2022″, en el que analiza, entre otros aspectos, la opacidad y ausencia de consulta en el proceso que, de forma paulatina, ley tras ley, ha ido consolidando el presidencialismo en Venezuela. En lo que sigue comentaré, de modo parcial, algunos de los indicadores que el informe señala.