A principios del 2011 se implementó el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico con la intención de “aliviar el bolsillo del puertorriqueño mediante tasas contributivas justas y controlar los gastos gubernamentales”. La implementación de esta reforma, decían, impulsaría nuestro crecimiento económico y facilitaría los procesos para nuestros contribuyentes. Eran aspiraciones loables.

A principios del 2017 se implementó la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, una reforma dirigida a adaptar nuestras leyes laborales para fomentar el desarrollo económico. Se decía entonces que esta reforma incentivaría la inversión extranjera, ayudaría a los empresarios locales a crear empleos y permitiría que “miles de puertorriqueños consiguieran insertarse en la fuerza laboral”. Nuevamente, aspiraciones loables.

Por diversas razones, algunas intrínsecas a las propias piezas legislativas, las virtudes que estas reformas profetizaban nunca se materializaron. No hemos visto crecimiento económico sostenible real en la última década, los procesos contributivos son los más complicados de nuestra historia y en el mercado laboral reina la incertidumbre. Lo que sí hemos visto en ese periodo de tiempo es un desfile casi constante de remiendos legislativos y medidas paralelas para suplementar reformas que alguna vez se promovieron como soluciones instantáneas. Son reformas para las reformas.

Según la Real Academia Española, el término “reforma” se define como aquello que se ejecuta como innovación o mejora en algo. No se dudan las buenas intenciones de mejorar nuestro entorno social a través de legislación, pero la fiebre no está en la sábana. En tiempos recientes se viene hablando de una nueva reforma contributiva y se acaba de convertir en ley una nueva reforma laboral, a pesar de las objeciones del sector privado y la Junta de Supervisión Fiscal. Al igual que los zurcidos previos, estos proyectos en la práctica no son otra cosa que parchos que dejan sin atender los problemas estructurales que inhabilitan su plena implementación.

Más preocupante aún, el trastoque continuo de legislación que impacta de manera directa la manera de hacer negocios en Puerto Rico le hace más daño a nuestra economía que cualquier pieza legislativa por sí sola, independientemente de sus méritos. La cantidad de cambios legislativos que hemos visto desfilar durante los pasados cuatrienios ha convertido nuestro ordenamiento jurídico en uno sumamente confuso que, cada vez más, le dificulta el rumbo al comerciante local y espanta el influjo de capital extranjero. Se hace cuesta arriba tomar decisiones económicas con certeza ante reglas de cumplimiento que se convierten en “moving targets”.

Desafortunadamente, no existe pieza legislativa que pueda resolver los problemas económicos que enfrenta Puerto Rico como si fuera una bala de plata. Más allá de eso, las ineficiencias administrativas que existen en las agencias de gobierno encargadas de implementar la política pública en torno al desarrollo económico del país frenan las mejores intenciones legislativas. Mientras esto no sea atendido adecuadamente, tal vez legislar menos sea la opción correcta si queremos incentivar la producción del sector privado, la creación de empleos y la inversión de capital extranjero.

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