La anulación de la modesta reforma a la legislación protectora del trabajo, la Ley 41-2022, por la jueza Laura Taylor Swain a instancias de la Junta de Control Fiscal confirma que la agenda de ese organismo es dogmática e ideológica. Para ellos, los derechos y las protecciones a la clase trabajadora limitan el desarrollo económico. La experiencia demuestra lo contrario. La legislación protectora del trabajo estuvo vigente por décadas en las que hubo desarrollo económico en Puerto Rico. Los derechos y protecciones de la clase trabajadora nunca fueron un obstáculo. Por el contrario, contribuyeron al desarrollo y a la superación de la pobreza extrema en la que estaba sumida la mayoría del país, mejorando sus condiciones materiales y también los niveles de vida de la sociedad en su conjunto.