Hace unas semanas, cuando analizamos el proceso para seleccionar al Presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, reaccionamos con preocupación a la tendencia marcada en la actividad política de reducirse a un montaje o espectáculo vano. Lo acontecido en el proceso criminal contra Sixto Jorge Díaz Colón lo confirma.

Díaz Colón, conocido como Sixto George, figura de trayectoria en los medios de comunicación, está acusado por incurrir en una supuesta extorsión a la persona que se desempeñó como secretario de Asuntos Públicos bajo la gobernación de Ricardo Rosselló. Su talento como productor y generador de contenido ha quedado evidenciado al maniobrar con efectividad ante sectores de la prensa, la población y, hay quien dice que hasta ante el propio magistrado que preside el proceso, cuando surge el vodevil mediático a las afueras del tribunal.

Cualquier intento de presión indebida es repudiable, particularmente si la persona a quien va dirigida es funcionario público. La situación se complica cuando la alegada extorsión responde a un supuesto intento de evitar la divulgación de información que, en este caso, eventualmente, precipitó una serie de eventos que llevaron a la renuncia del primer ejecutivo. Aun reconociendo la importancia de un proceso criminal de esta envergadura, su implicación final se reduce, en términos prácticos, a la persona del acusado.

Juez federal Francisco Besosa advierte a Sixto George

Díaz Colón nunca fue funcionario público y en la actualidad tampoco participa del escenario mediático local. El poder que tuvo, lo perdió. De ningún sitio hay que removerlo. Ricardo Rosselló, por su parte, recibió el mayor de los oprobios, cuando fue ajusticiado por el pueblo que lo eligió y también se ocupó de sacarlo de su cargo, obligándolo a renunciar. Rosselló es hoy una figura triste en el salón del infortunio, donde yacen aquellos que todo lo tuvieron y todo lo perdieron por la imprudencia de sus acciones. Ante esta realidad, cabe preguntarse por qué nos hemos dejado arrastrar por este espectáculo. Sobre todo, cuando otros ángulos y eventos de mayor impacto han sido relegados.

Los hechos que sirven de fundamento a la acusación contra Díaz Colón, implican directamente a figuras del ámbito político, así como a medios de comunicación y a quienes ciertos testimonios identifican como alegados partícipes de un esquema de divulgación y ocultación de eventos mediante ofrecimiento y recibo de dinero. Aunque rechacemos la veracidad de tales imputaciones, algún grado de introspección y reflexión colectiva debería ejercerse sobre el particular por parte de todas y todos los que participamos de alguna manera en los medios de comunicación. Ello todavía no ha ocurrido y no hay justificación para tal desatención. El sector privado y el mediático no están exentos de rendir cuentas y asegurar su integridad.

Mientras el vodevil se desarrollaba esta semana, la operación del sistema de generación de energía eléctrica se encaminó definitivamente al sector privado, con directrices de procurar el uso de energías renovables. Aunque esperada, la transferencia marca un nuevo derrotero en nuestra administración pública. Lo importante no es discutir ahora si el servicio eléctrico debía privatizarse. Esto es hecho consumado, con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal. Lo fundamental es determinar qué debemos hacer en adelante para asegurar que ese traspaso redunde en un mejoramiento en la calidad y confiabilidad del sistema eléctrico. Con esta transferencia, uniones, suplidores, carteles petroleros y empleados “energéticos”, quienes de una forma u otra fungían como agentes con impacto en nuestros procesos electores, han perdido su poder de antaño. En adelante, estos antiguos jugadores del campo político formarán parte del pasado.

La semana pasada también el Departamento de Justicia inició procesos en los tribunales contra empresas administradoras de servicios de farmacia a las que se les imputa provocar alzas injustificadas en el precio de la insulina. Además, se encausó administrativamente a una de estas empresas por suplir información falsa al gobierno de Puerto Rico para cobrar precios injustificados por medicamentos. Lo acontecido es estremecedor. Se trata de empresas privadas que se han burlado de los padecimientos de salud de la población y han esquilmado económicamente a estos, al igual que al Estado.

Lo intrascendental por más que se cubra no se torna importante. Lo importante, aunque no se cubra con intensidad, no se convierte en intrascendental. Eso no significa que no hay espacio público para el espectáculo. Lo que sucede es que no puede serlo todo. También hay que dejar espacio para lo verdaderamente importante.

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