A alguien debería ocurrírsele solicitar de la corte federal una orden de divulgación de esos expedientes judiciales dirigida contra los custodios de las cintas y videos de esos casos, plantea Hiram Sánchez Martínez
A alguien debería ocurrírsele solicitar de la corte federal una orden de divulgación de esos expedientes judiciales dirigida contra los custodios de las cintas y videos de esos casos, plantea Hiram Sánchez Martínez
Haber visto ayer en los noticiarios del país a la mamá, hermana, primas y primos de Andrea Ruiz Costas, asesinada por su exnovio, piquetear ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para que les den acceso a los videos/audios de las vistas judiciales a las que acudió ella en busca de protección, me pareció realmente conmovedor. Se trata de una familia en busca de explicaciones y nada más natural que tratar de averiguar lo sucedido a puertas cerradas en la sala de dos juezas distintas que no vieron la situación de peligro por la que atravesaba esta víctima de violencia machista. Aunque el Tribunal Supremo ni ningún juez/jueza puede decidir un caso en atención al clamor popular, tampoco debería decidirlo con total indiferencia y falta de sensibilidad cuando las leyes les permiten tomar una decisión encaminada a proteger un interés público preponderante. Derecho, razón y sensibilidad no son incompatibles.
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