Durante años los municipios del país han sido víctimas de políticas públicas equivocadas o cargadas de politización por parte del gobierno central. Así, por ejemplo, bajo el gobierno de Rosselló I, adoptaron un plan de salud pero le pasaron la millonaria factura a los municipios y bajo Rosselló II, quebraron el Sistema de Retiro del ELA e igualmente le pasaron la responsabilidad del pago de las pensiones a los municipios (que nada tuvieron que ver con la insolvencia del sistema). Para colmo, el gobierno central quiebra el Banco Gubernamental de Fomento y usurpa cientos de millones de dólares de los municipios y sus constituyentes. A esto se suma el intento de la Junta de Control Fiscal de tomar control de las operaciones y presupuestos municipales con la anuencia escandalosa de algunos alcaldes.