En medio de los profundos problemas sociales que tiene Puerto Rico, incluida la precariedad en que viven sectores de nuestra población muchas veces sometidos a abusos físicos, mentales, sexuales e institucionales, tres legisladores han gastado tiempo y recursos públicos para pretender, otra vez, que el Estado controle y penalice el cuerpo de las mujeres. En una sociedad aquejada por la violencia machista, las agendas contra los derechos y la libertad de las mujeres no son permisibles.