Los recientes informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos que presentan a Puerto Rico como una de las jurisdicciones estadounidenses con más casos de corrupción durante las pasadas dos décadas, reconfirman la gravísima magnitud de un problema que corroe la sana administración pública y atenta contra el pleno desarrollo social y económico puertorriqueño.
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La gestión pública tiene que anclarse en la integridad
Nota de archivo
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