La seriedad de los cargos que pesan sobre la expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres López, obliga a un diálogo que comprometa a la clase política, las autoridades fiscalizadoras y expertos en saneamiento gubernamental, con la búsqueda de soluciones a la enraizada corrupción con nexos electorales que mina los recursos del Estado, desmoraliza al pueblo y a sectores empresariales, y debilita la confianza en las estructuras gubernamentales.