Puerto Rico lleva más de seis meses con la secretaría de Estado vacante, a pesar de que ese es el segundo puesto de gobierno más importante por rango constitucional. La Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de proveerle estabilidad a la gobernanza puertorriqueña, poniendo en marcha un proceso justo y centrado en los méritos para evaluar al nuevo designado.