La Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) radicó una demanda enmendada contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en reclamo de que se reabra el registro de votantes.

El cambio en el recurso legal provocó que la jueza federal María Antongiorgi Jordán ordenara que la vista, que comenzó a las 10:00 de la mañana, se retrasara para por la tarde para darle tiempo a la CEE para revisar las enmiendas.

La demanda alega que el cierre del registro electoral el pasado 21 de septiembre afectó a los electores porque limitaba sus acceso al derecho al voto.

Denunció que el Código Electoral de 2020 que fijó esa fecha está en violación del estatuto que establece el cierre del registro electoral 30 días antes de los comicios generales, que sería el 6 de octubre.

Antes del receso, la jueza denegó la petición de la ACLU para que declarara como testigo experto a Héctor Luis Acevedo, quien lleva décadas manejando asuntos electorales en Puerto Rico.

La jueza no permitió que declarara debido a que la ACLU no notificó a las partes demandadas de que lo sentaría como perito.

“Es muy lamentable, porque yo vengo a defender los electores”, manifestó Acevedo, al salir de la sala.

“En todos los Estados Unidos se puede inscribir no menos de 30 días, por una ley federal del 93 y aquí la ley dice que es a 30 días, el 6 de octubre”, agregó.

Mientras, en la sala, la jueza solicitó que las partes argumentaran en primera instancia sobre si el Tribunal Federal tiene o no jurisdicción sobre la controversia planteada.

El director legal de la ACLU en Puerto Rico, Fermín Arraiza, indicó que sí hay jurisdicción debido a que la demanda alega violaciones bajo la Primera y Decimocuarta enmiendas de la Constitución de Estados Unidos.

La demanda denuncia distintas dificultades con la plataforma electrónica y de capacidad de personal para atender a todos los potenciales electores que llegaban a las Juntas de Inscripción Permanente, privándoles de ejercer su derecho al participar de las elecciones.

Apuntó que uno de los demandantes originales optó por no ir a una Junta de Inscripción Permanente (JIP) para hacerlo “sin éxito” a través del sistema del Registro Electrónico de Electores (eRE). También señaló que los otros tres demandantes originales ya se registraron, mientras que reconoció que dos todavía no han recibido su aprobación y todavía intenta completar el proceso de cambio de dirección.

Según la ACLU, esas aprobaciones ocurrieron posterior de la demanda, por lo que enmendó el recurso legal quedando demandantes Marina Espíritu, Iris Delia Torres López, Víctor Artieri García y Alicia Vázquez Figueroa.

Por su parte, la abogada de la CEE, Marcia Pérez Llavona, mantuvo ante la jueza que el Tribunal Federal no tiene jurisdicción sobre el asunto por tratarse de un tema de leyes locales que autorizan a la entidad a establecer sus reglamentos.

También recordó que el Tribunal Superior de San Juan desestimó una revisión judicial entablado por el Movimiento Victoria Ciudadana por entender que estaba impedido de obstaculizar el proceso electoral.

Además, la CEE sostuvo que los demandantes no habían sufrido un daño irreparable por el cierre de inscripción el 21 de septiembre.

Apuntó que uno de los demandantes originales optó por no ir a una Junta de Inscripción Permanente (JIP) para hacerlo “sin éxito” a través del sistema del Registro Electrónico de Electores (eRE). También señaló que los otros tres demandantes originales ya se registraron, mientras que reconoció que dos todavía no han recibido su aprobación y todavía intenta completar el proceso de cambio de dirección.

Al plantearse la radicación de una demanda enmendada, Pérez solicitó que fuera eliminada. La jueza la mantuvo en pie y ordenó escuchar los argumentos de interdicto preliminar en la tarde.

Después del receso, la ACLU llamó como primer testigo al secretario de la CEE, Rolando Cuevas Colón.

A través sus preguntas, uno de los abogados de la ACLU, Guillermo Ramírez, el funcionario indicó que al momento del cierre de las inscripciones a las 11:59 de la noche del 21 de septiembre había aproxmadamente 91,053 transacciones en el registro electrónico electoral pendientes de revisión. Colón dijo que esa cantidad se había reducido a 12,000 transacciones pendientes.

El secretario de la CEE también dijo que la cantidad de Juntas de Inscripción Permanente (JIP) regionales se habían reducido de 84 en el 2021 a 10 en el 2022.

Colón contestó que sí cuando se le preguntó si la reducción de las JIP re “iba de la mano” con la implementación del sistema electrónico electoral.

Asimismo, declaró que el cambio se debió a una “reorganización” ordenada por el Código Electoral. También reconoció que ese sistema no comenzó cuando el nuevo Código Electoral requería.

Luego, en el contrainterrogatorio, el testigo dijo que había 24 JIP temporeras que ofrecen el mismo servicio que las regionales.