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Los abogados de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, en inglés) presentarán este viernes, desde las 10:00 a.m., su evidencia y testigos en el juicio por la demanda que radicaron, a nombre de cuatro ciudadanos, para que se reabra el registro electoral hasta el 6 de octubre, en ruta a los comicios generales de noviembre.

Aunque no quiso adelantar de qué se tratará la prueba que desfilará en la sala 1 del Tribunal federal, en Hato Rey, la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU en Puerto Rico, prevé que dejará “muy claro” que la determinación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de “acortar el período que se supone que estuviera abierto para las inscripciones, fue violatorio del derecho de los votantes a ejercer su ejercicio electoral”.

“El pueblo de Puerto Rico puede estar seguro que la ACLU va a defender el voto de todas las personas vivas en este país, que tienen derecho a votar y va a seguir trabajando para denunciar lo que nos parece, a todas luces, una violación al derecho sagrado al voto en nuestro sistema democrático”, destacó la abogada.

El domingo, la ACLU presentó una demanda para solicitar un interdicto preliminar y permanente, y una sentencia declaratoria que permita a los votantes potenciales que se puedan “registrar no más tarde del 6 de octubre”, es decir, 30 días antes de las elecciones del 5 de noviembre. La demanda fue incoada a nombre de los ciudadanos Marina Espíritu, Francisco Concepción, Dante Vélez e Iris Delia Torres López.

Tras denegar una orden de restricción temporal, la jueza federal María Antongiorgi Jordán emitió la orden para que se consolidara la vista de interdicto preliminar con el juicio en su fondo.

Para Martínez Orabona, esta es una decisión acertada debido a la premura del reclamo, “porque siguen pasando los días, y con la información que además ha trascendido públicamente en los medios, de nuevas denuncias y problemas en el manejo del registro de electores, con más razón esto tiene que atenderse con urgencia”.

Aparte de que se reabra el período de inscripción, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5.11 del Código Electoral de 2020, la ACLU solicitó, en la demanda, que se facilite el proceso con mayor asignación de recursos para atender la población. También, que se informe –en una campaña educativa– sobre la extensión del período para continuar trámites que hayan quedado pendientes o iniciarlos.

En representación de los cuatro electores demandantes, estarán los abogados Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU en Puerto Rico; Guillermo Ramos Luiña; y Adriel Cepeda Derieux, director del Proyecto de Derecho a Voto de la ACLU a nivel de Estados Unidos.

Al preguntársele si había un término para que la togada emitiera su sentencia, Martínez Orabona indicó que no, pero que esperan que, de ser posible, haya un fallo mañana mismo.

“Nuestra expectativa es que se proteja a los votantes, que la ley se haga valer y que el Tribunal emita la orden inmediatamente para que se reabra el registro. Esa es nuestra expectativa, no vemos otra salida que no sea esa para poder respetar el derecho de los votantes en Puerto Rico”, aseveró vía telefónica.

Tras el cierre del registro –el sábado 21 de septiembre– y aunque el análisis de datos continúa, el total de nuevos inscritos para las elecciones generales iba hasta el pasado martes por 71,890 y el de reactivaciones, por 65,404, de acuerdo con números oficiales provistos por la CEE.