El Negociado de la Policía presentó una querella administrativa contra el agente Tito Rivera Hernández en relación al manejo de la investigación del asesinato del trapero Kevin Fret en enero de 2019.

El coronel Roberto Rivera, director auxiliar de investigaciones criminales de la Policía, indicó que el oficial quedó fuera de sus labores, bajo licencia, como parte de la pesquisa interna, a cargo de la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional (SARP).

“Eso es un proceso que se pidió a raíz de que recibimos el caso, ya que al reasignar el caso a la División de Crímenes Mayores pudimos notar que en ese entonces se pidió una medida cautelar, no punitiva”, dijo el coronel.

Indicó que en aquel entonces no se penalizó adecuadamente a Rivera Hernández por conductas señaladas en relación al manejo del caso, incluyendo haberse tomado una foto o “selfie” con el cantante Ozuna cuando fue citado en febrero de 2019 para ser entrevistado en relación al caso de Fret.

“Dentro del reglamento se puede hacer, pero viendo lo que ocurre, dentro de lo que ocurre y de lo que ocurrió con el caso, pedimos un asesoramiento y se pidió una querella administrativa”, explicó el coronel.

“Se le envió a tomar unos días en lo que este proceso sigue”, agregó.

Asimismo, dijo que la investigación por el asesinato “estuvo detenida porque no tenía agente asignado” hasta que hace un mes se traslada a la División de Crímenes Mayores para que se atienda “con más calma y no de la manera que se estaba manejando”.

Rivera Hernández llevaba cerca de tres meses asignado a un “task force” con agentes federales, antes de que fuera colocado bajo licencia por esta controversia.

En caso de que la agencia federal determine que no podrá continuar en ese equipo, Rivera adelantó que “será reasignado a otra área”.

Aunque en abril de 2021 se le informó a la Policía que otro oficial había asumido la pesquisa, el coronel aseguró hoy que hasta el mes pasado ningún otro agente había investigado el caso.

Ante preguntas sobre cuánto tiempo Rivera Hernández le dedicó al caso, el funcionario se limitó a decir que “no fue una situación extensa. No es lo que uno espera de una investigación de esa índole”.

“El trabajo que se debió haber realizado, no se realizó”, comentó.

“Al advenir en conocimiento, decidimos solicitar una investigación administrativa formal porque entendemos que había unas faltas graves al reglamento”, abundó.

Señaló que, “en lo que hemos podido apreciar”, al agente “se le pidió que no se tomara esa foto y menos con él (Ozuna) porque en un momento dado fungió como sospechoso”.

Ante el nivel de la alegada falta, decidieron presentar la querella administrativa, aunque en principio estarían a “destiempo”, porque para “las querellas administrativas hay año para que se puedan radicar”.

No obstante, explicó que la consulta legal resultó en que podían hacerlo porque conocieron sobre los detalles de las alegadas faltas “en días recientes, pues había un espacio dentro de los estatutos y reglamentos de la Policía. Por eso, la misma ya comenzó”.

Detalló que el procesamiento administrativo podría durar 90 días, con la posibilidad de extenderlo 30 días adicionales.

Sin entrar en detalles de cómo habría fallado la investigación del asesinato, el coronel se limitó a ofrecer como ejemplo que al reasignar la pesquisa esperaba “recibir un expediente sumamente abultado, de dos o tres carpetas, o una sumamente abultada. Eso no sucedió en este caso”. Afirmó que recibieron una “carpeta común y corriente”.