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Ante la desconfianza que –por meses– ha plagado la exclusión de muertos de las listas de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), su presidenta alterna, Jessika Padilla Rivera, indicó este sábado que el medio “oficial” para atender cualquier denuncia y agilizar el proceso es que los ciudadanos acudan a la Secretaria del ente con el certificado de defunción de su familiar o allegado.

“Aquel familiar que tenga conocimiento del fallecimiento de su papá, su mamá u otro familiar directo, puede traer su certificado de defunción directamente a Secretaría para que lo pase a la Unidad de Exclusiones para trabajar la exclusión, y no se depende, en ese sentido, de que el Registro Demográfico presente ese certificado”, enfatizó, en entrevista telefónica.

En la semana recién concluida, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó un reportaje que expone la posibilidad de que miles de votos se hayan emitido fraudulentamente a nombre de electores fallecidos en 2016 y 2020, a lo que Padilla Rivera ripostó con la advertencia de que podría demandar al medio por el “acceso ilegal” que obtuvo al Registro General de Electores.

La presidenta alterna señaló que el reportaje del CPI “produjo demasiada confusión”, pero tampoco pudo precisar a El Nuevo Día si, a raíz de la investigación periodística, han llegado más casos de electores muertos que aparecen activos a las listas de la CEE.

Padilla Rivera enfatizó que la Unidad de Exclusiones se alimenta de los datos que descargan del Registro Demográfico “los primeros días de cada mes”. Aceptó que “pudiéramos tener electores fallecidos, cuya información no hemos advenido en conocimiento”, porque no han recibido esa información del Registro Demográfico, dependencia adscrita al Departamento de Salud.

El Registro Demográfico estima que, mensualmente, mueren 3,000 personas en Puerto Rico. “En ese universo de los 3,000, la Unidad de Exclusiones identifica, uno a uno, cuáles de ellos son electores”, comentó.

Aunque la cifra oficial, hasta el 25 de septiembre, era de 13,367 muertos en el registro, Padilla Rivera, compartió, de manera extraoficial, que, hasta la mañana del sábado, “ya vamos por 11,000, así que podemos identificar que ha sido favorable (el trabajo de la Unidad de Exclusiones) para avanzar en estos trabajos”.

Detalló que el proceso ordinario es que esos miles de archivos sean referidos a una Junta de Inscripción Permanente (JIP) para que “cada una de sus comisiones locales evalúe cada uno de estos fallecidos para, finalmente, identificar que no es elector y excluirlo de la lista”.

Por otra parte, Padilla Rivera defendió que el proceso de desactivación va bastante adelantado con la nueva herramienta desarrollada por el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS).

La plataforma utilizada por la CEE permite que el pareo manual que hace la Unidad de Exclusión sea “más rápido”. “Ahora mismo, tiene esos 13,367 récords y, a través de la herramienta provista por PRITS, puede adelantar con mayor información y con la foto del fallecido en el Departamento de Obras Públicas (DTOP)“, detalló.

Esa herramienta, destacó, permite manejar grandes cantidades de información y adelanta pasos para referirlos directamente a las comisiones locales, que, a su vez, evalúan y determinan la exclusión del registro.

Aseguró que, “nunca antes, una elección general había tenido depurada tanta cantidad de fallecidos de su registro”.

Finalmente, indicó que el pleno de la CEE determinó establecer las listas color salmón con los excluidos en los 114 precintos. “Esos excluidos por muerte se llevan directamente a cada uno de los centros de votación, donde ese fallecido pueda estar inscrito, para que, entonces, pueda validarse en ambas listas, tanto en la lista de activos como en esta lista salmón”, explicó.