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Al aceptar –en tono molesto– que, ante el “ojo público”, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) “trabaja todo con irregularidad”, su presidenta alterna, Jessika Padilla Rivera, abrió la puerta este jueves a que el Departamento de Justicia federal envíe observadores para monitorear los comicios generales en Puerto Rico, como solicitó esta semana un grupo de congresistas demócratas, en el marco de irregularidades recientes.

Subrayó, de paso, que los procesos eleccionarios en Puerto Rico, de ordinario, cuentan con observadores internacionales.

“Hemos visto, en procesos eleccionarios anteriores, que la CEE recibe visitas de observadores internacionales de distintos países para evaluar el proceso electoral de la CEE y dar recomendaciones (…) Evaluaremos la solicitud, si llega formalmente a la CEE”, dijo Padilla Rivera, recordando que, el 5 de noviembre, los electores tendrán, además de la ejecutiva, legislativa y municipal, tanto una papeleta correspondiente al plebiscito de status como una simbólica para votar por uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos.

En referencia al simulacro de elección presidencial, la presidenta alterna sostuvo que los candidatos –la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump– tienen derecho a nombrar observadores, según el Código Electoral.

Hoy más temprano, el gobernador Pedro Pierluisi también favoreció la solicitud de los congresistas, pero se distanció de “las premisas” sobre irregularidades.

“Yo siempre veré con buenos ojos cualquier iniciativa para proveer transparencia y confiabilidad a nuestro sistema electoral, el cual es totalmente democrático y más confiable que el de muchos estados y países extranjeros. (…) Por eso, le doy la bienvenida a cualquier delegación federal o internacional que quiera observar nuestras elecciones, pero, al mismo tiempo, rechazo las premisas de la petición de los congresistas”, dijo el mandatario, por escrito, a petición de El Nuevo Día.

En una carta al Departamento de Justicia de Estados Unidos, los congresistas, liderados por la puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York), urgieron a enviar observadores que vigilen el cumplimiento con las normativas electorales federales, incluyendo las leyes de acceso al voto.

El grupo –que también incluye a Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York), Raúl Grijalva (Arizona), Delia Ramírez (Illinois) y Grace Meng (Nueva York)– pidió, además, que la Comisión de Asistencia Electoral de los Estados Unidos, que funciona de forma independiente, “audite de inmediato, mediante un examen detallado de los estados financieros y cuentas de la CEE, el uso que la CEE ha hecho de los $6.9 millones que ya ha recibido en fondos federales para cumplir con las restricciones de la ley de ayuda al voto”.

La misiva de los congresistas alude a múltiples irregularidades, incluyendo los problemas con la transmisión de los resultados de las máquinas de escrutinio electrónico en las primarias de junio, la divulgación indebida de información de electores, como ocurrió con la abogada Mayra López Mulero; y apunta a los cambios que introdujo el Código Electoral de 2020, al que le achacan romper con “el equilibrio institucional” histórico entre los partidos políticos y los problemas con el manejo del voto adelantado ese año.

“Qué podemos decir. El ojo público es que, definitivamente, la CEE trabaja todo con irregularidad. Qué mejor oportunidad de que, ante una premisa que tienes, o una sospecha, vengas y observes (que) aquí no hay irregularidad en los procesos y que no es algo que yo tengo que defender, (sino) algo que tú puedes ver. Definitivamente, nos preocupa (la percepción), pero nos tenemos que ocupar. No puedo seguir defendiendo un asunto que, por más que trato de defenderlo con documentos, con hechos, abriéndole las puertas para que vengan… Definitivamente, la opinión es subjetiva, única, individual”, reaccionó Padilla Rivera.

La petición de los congresistas, a su vez, se dio en el marco de un pleito federal incoado por la Unión Americana de Libertades Civiles que busca que se ordene a la CEE extender hasta el 6 de octubre la fecha de inscripción y reactivación de electores, planteando que el calendario delineado limitó injustificadamente el periodo de transacciones.

Esta semana, además, el Centro de Periodismo Investigativo publicó un reportaje que expone la posibilidad de que miles de votos se hayan emitido fraudulentamente, a nombre de electores fallecidos, en 2016 y 2020, a lo que la presidenta alterna ripostó con la advertencia de que podría demandar al medio por el “acceso ilegal” que obtuvo al Registro General de Electores.

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José A. Delgado y Gloria Ruiz Kuilan colaboraron en esta historia.