Ante las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi sobre la necesidad de una legislación balanceada para regular el aborto en la isla, expertas en derecho constitucional y derechos reproductivos recalcaron que ya la jurisprudencia en Puerto Rico establece el balance necesario sobre las terminaciones de embarazos, por lo que entienden no se debe regular más de lo ya establecido por el Departamento de Salud.

El futuro de las cinco medidas relacionadas con el aborto que se discuten en la Cámara de Representantes quedó en suspenso el martes, luego que la Comisión de lo Jurídico pautara para hoy una votación interna para determinar cuáles de los proyectos recibirían el aval de la mayoría de ese organismo, y el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, frenara ese intento.

El líder cameral, en cambio, citó una reunión del caucus del Partido Popular Democrático en ese cuerpo, aunque advirtió que no era particularmente para discutir las piezas sobre el aborto. Tampoco precisó qué trámite se les daría a las medidas.

“Existe legislación, desde hace décadas, que establece ya ese balance que está hablando el gobernador. El Código Penal claramente establece que los abortos en Puerto Rico se hacen en consulta con un profesional de la salud, un médico o una médica, por razones de salud física o salud mental. Eso quiere decir que los abortos en Puerto Rico no están por la libre”, exclamó la licenciada Yanira Reyes Gil, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

Reyes Gil reiteró que las cuatro clínicas que practican abortos en la isla están altamente reguladas, “no solamente por disposiciones del Código Penal, sino también por el propio Departamento de la Salud, que tiene un reglamento que inspecciona e identifica los procedimientos en las clínicas que proveen servicios de aborto”.

La semana pasada, Pierluisi dijo, entre otras cosas, que hay que encontrar un “balance” entre los derechos de las mujeres y la vida de un feto cuando es “viable”. “Decirme que cualquier mujer puede terminar un embarazo en cualquier momento del mismo, por cualquier razón...Eso es un extremo. Por otro lado, el prohibir toda terminación de embarazo sería otro extremo”, opinó.

Según Reyes Gil, el discurso del primer ejecutivo crea una “falsa percepción” de que, en Puerto Rico, las mujeres tienen abortos electivos en etapas tardías del embarazo por “cualquier razón”. La también portavoz de INTER-MUJERES señaló que, deacuerdo con datos de Salud del 2021, más del 85% de los abortos en las clínicas ocurren antes de las 10 semanas de gestación.

“En Puerto Rico, tenemos no solamente las disposiciones del Código Penal y el Reglamento del Departamento de Salud, sino que, al contrario de lo que pasa en Estados Unidos a nivel federal, nuestra Constitución protege, de manera expresa, el derecho a la intimidad y a la autonomía personal, lo que quiere decir que nuestra disposición constitucional protege las decisiones que tomen las mujeres y las personas gestantes sobre su reproducción, su vida, su futuro y su cuerpo”, abundó la profesora de derecho constitucional.

Del mismo modo, la presidenta de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la licenciada Josefina Pantoja Oquendo, recalcó que el consenso de organizaciones internacionales ha sido defender el derecho al aborto como un asunto de “salud esencial y de derechos humanos de las mujeres”.

“Lo que está pasando aquí, en Puerto Rico, es que tenemos un estado de derecho que ha funcionado hasta el momento. Es lo que nos hemos cansado de decir. Aquí, no hay ninguna crisis con relación a las terminaciones de embarazo que justifican una intervención para restarle peso a un derecho que es constitucional”, defendió la abogada.

Además, Pantoja Oquendo reiteró que el CAAPR rechaza las cuatromedidas que, de una forma u otra, limitarían el aborto en Puerto Rico.

Insistió en defender los datos proporcionados por Salud y organizaciones expertas en el tema. “Los casos de (abortos luego de) las 22 semanas son la minoría, y no se trabajan en las clínicas privadas, sino en el hospital del Estado porque se deben a condiciones especiales que tienen que ver con la salud de las mujeres, con condiciones congénitas del feto o con condiciones extraordinarias”, sostuvo.

El Proyecto del Senado (PS) 693, que restringiría los abortos a partir de la semana 22 de gestación, ya fue aprobado en ese cuerpo legislativo, y forma parte del paquete espera por el aval de la Cámara.

“No deberíamos estar retrocediendo, debemos estar ampliando derechos, no restringiéndolos, ni en este ámbito de derechos sexuales y reproductivos ni en el ámbito criminal, de vivienda o de cualquier otro aspecto sociopolítico o económico en el país. Esto es como cuando se quiso restringir el derecho a la fianza o como si se quisiera restablecer en Puerto Rico la pena de muerte, ese tipo de cosas”, opinó la experta en la lucha que han dado las mujeres por décadas para garantizar derechos fundamentales.

En la misma línea, la licenciada Frances Collazo Cáceres, de la Asociación Puertorriqueña Pro-Bienestar de las Familias (Profamilias), coincidió en que el balance se establece a través de todas las regulaciones de bioética que contempla la rama de la medicina, particularmente la ginecología y obstetricia.

“Tener una narrativa de que hace falta un balance es desacertada porque sería un retroceder en los derechos reproductivos de las mujeres. No hay tal cosa como un campo neutral. De aprobarse una legislación que sea antiaborto, estarían interfiriendo y retrocediendo en relación a derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes”, expresó la licenciada Collazo Cáceres.