Aunque con disposiciones que evidencian algunas lecciones aprendidas de la transacción previa con LUMA Energy, el contrato que el gobierno otorgó a Genera PR para operar la flota generatriz del país contiene elementos que, a la luz de los objetivos de política pública energética, convierten el pacto en una especie de ensamblaje dispar, a juicio del Centro para una Nueva Economía (CNE), que analizó el acuerdo de más de 300 páginas.